Ciudad de México, 12 de junio de 2025 — En recientes encuentros bilaterales, funcionarios del gobierno de Estados Unidos, liderados por el Secretario de Estado Marco Rubio, han intensificado la presión sobre México para iniciar investigaciones y procesos judiciales contra políticos presuntamente relacionados con el narcotráfico. La propuesta incluiría la posibilidad de extraditar a funcionarios mexicanos si se demuestra su implicación.
Contexto y exigencias
- Estados Unidos ha solicitado oficialmente a México que investigue a políticos en funciones —incluidos miembros del partido Morena— por vínculos con el crimen organizado, amenazando con imponer tarifas comerciales si no se toman acciones concretas. Se mencionaron al menos cinco funcionarios morenistas, así como a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente las acusaciones.
- La presión llega tras la extradición de 29 capos en febrero de 2025, como respuesta a una amenaza de aranceles por parte del gobierno de EE.UU. contra las importaciones mexicanas .
Reacción de México
- La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana rechazó las versiones sobre solicitudes de investigar funcionarios, calificándolas de “absolutamente falsas” mediante un comunicado en la red X .
- Las figuras señaladas han negado cualquier vínculo con el crimen organizado; la gobernadora Ávila resaltó su gestión en la reducción de homicidios en su estado.
Desafíos legales y diplomáticos
- La Constitución mexicana protege a políticos en funciones, lo que implica que pueden ser juzgados sólo por delitos federales graves y con autorización del Congreso, lo que complica cualquier proceso judicial inmediato por narcotráfico.
- El impulso de Washington refleja una ampliación de su estrategia, que incluye proponer cargos como el del “zar del fentanilo” estadounidense y reforzar inspecciones fronterizas y procesos de extradición.
Implicaciones
- Si México accede a cumplir las exigencias, esto podría significar una escalada en la lucha contra la corrupción y el narco. No obstante, también podría desatar un choque diplomático significativo y generar desgaste político para el partido en el poder.
- Por ahora, EE.UU. mantiene la estrategia de presión (aranceles, extradiciones, coordinación antidrogas) y México sigue defendiendo su soberanía y la autonomía de sus instituciones.