Después de casi dos décadas en prisión sin una sentencia firme, Israel Vallarta, acusado de secuestro y conocido por el mediático caso Cassez-Vallarta, ha salido del penal federal donde se encontraba recluido.
La liberación se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad del proceso judicial en su contra, el uso de pruebas obtenidas bajo tortura y la histórica simulación televisiva de su captura, transmitida en 2005 por Televisa. El caso ha sido emblemático de las fallas estructurales en el sistema de justicia mexicano.
Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte que determinó violaciones graves a sus derechos procesales. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han exigido una revisión profunda del caso de Vallarta, quien permanecía en prisión preventiva a pesar de no haber recibido sentencia.
AMLO y la FGR
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en varias ocasiones el caso durante sus conferencias matutinas, señalando que representa un ejemplo claro de fabricación de culpables. La Fiscalía General de la República (FGR) también ha reconocido irregularidades en el expediente.
¿Qué sigue?
Aunque Vallarta ha sido liberado, aún enfrenta procesos legales por otros delitos, por lo que su situación jurídica no ha concluido completamente. Su defensa asegura que buscarán la absolución total y han adelantado que podrían acudir a instancias internacionales si el Estado mexicano no reconoce su inocencia.