Con la expectativa de un paquete fiscal “agresivo y recaudatorio” que podría desatar amparos en los tribunales, el Gobierno Federal entregará hoy al Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026. De acuerdo con fiscalistas, la propuesta incluirá cambios importantes en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley Aduanera y la Ley Federal de Derechos, con un enfoque de justicia fiscal y social.
Las modificaciones, según las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy, afectarán principalmente a empresas e instituciones financieras, con lo que se cumpliría la promesa de no aumentar ni crear nuevos impuestos. En cambio, se buscará evitar la evasión fiscal, combatir la corrupción en las aduanas y proteger la salud pública.
Impuestos a bebidas azucaradas: Un golpe al consumo
Uno de los puntos más esperados es la propuesta relacionada con las empresas productoras de bebidas saborizadas. El fiscalista Jesús Rodríguez Ambriz, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, anticipa cambios al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que podrían ser progresivos según la cantidad de azúcar. Esto podría significar un aumento en la cuota del impuesto por litro, lo que encarecería el producto.
Rodríguez Ambriz considera que esta medida reduciría el consumo de refrescos hasta en un 3.25%, pero aumentaría la recaudación fiscal del IEPS en un 39%, lo que generaría ingresos adicionales por 38 mil 700 millones de pesos. Se espera que las empresas respondan a estas medidas con un intenso cabildeo e incluso litigios.
Modificaciones a bancos y aduanas
El paquete fiscal también podría incluir un ajuste que afectaría a los bancos, al buscar eliminar la deducción que hacen por las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), lo que generaría litigios, según el experto.
En materia aduanera, se espera un endurecimiento de los controles a las importaciones de insumos clave para las refresqueras, como el jarabe de maíz de alta fructosa, lo que elevaría los costos de producción y reduciría la dependencia de insumos extranjeros.
Además, se podría limitar la deducibilidad de los gastos de publicidad de las refresqueras, sobre todo aquellos dirigidos a niños, y se reforzaría el etiquetado frontal nutrimental con sanciones económicas más severas para quienes no cumplan.