Mayra Dávila Alvarado, fundadora del colectivo ADAX Digitales, acusó al Congreso del Estado de Querétaro de llevar a cabo una sesión «ilegal» en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que resultó en el rechazo a la despenalización del aborto en la entidad.
La activista y organizaciones feministas exigieron respeto al Estado laico y a los procesos judiciales en curso, en el marco de una confrontación entre grupos a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo.
Denuncia de Ilegalidad y Amparo Vigente
Dávila Alvarado basó su denuncia de ilegalidad en la existencia de un amparo federal:
- Amparo Vigente: Recordó que el 11 de abril de 2024, ADAX Digitales obtuvo un amparo que declara como inconstitucional la criminalización del aborto en Querétaro.
- Plazo Judicial: Señaló que, pese al amparo que obliga al Congreso a modificar el Código Penal, un tribunal colegiado otorgó apenas dos semanas antes un plazo de 90 días para resolver el fondo del asunto. Por lo tanto, cualquier discusión o votación previa a ese plazo sería ilegal y contraria al debido proceso.
- Crítica al Dictamen: La activista cuestionó que el dictamen votado, convocado por el Partido Acción Nacional (PAN), fuera «a medias», no respondiera a las exigencias del movimiento feminista y constituyera un «retroceso en los derechos sexuales y reproductivos».
El Proceso de Votación
La sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se llevó a cabo en medio de la protesta de las activistas, quienes ingresaron al recinto entonando consignas.
- Resultado: La iniciativa para despenalizar el aborto y armonizar la legislación local con la jurisprudencia de la SCJN fue rechazada.
- Votos a Favor del Rechazo: El dictamen fue aprobado con los votos de los diputados panistas Guillermo Vega Guerrero (presidente de la comisión) y Enrique Correa Sada.
- Voto en Contra: El único voto disidente fue el del diputado morenista Homero Barrera Macdonald.
Dávila Alvarado criticó la falta de transparencia en la convocatoria y lamentó que el Congreso haya cerrado sus puertas a las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, mientras permitía la presencia de grupos que se oponen al aborto.