Reforma introduce «interés público» que limitaría amparos, alertando a ONGs sobre retrocesos en derechos ambientales y laborales.
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo desata controversia en audiencias públicas ante la Cámara de Diputados, donde expertos en derecho constitucional advierten riesgos graves para el Estado de derecho en México. Aprobada en lo general por el Senado el 1 de octubre de 2025 con 76 votos de Morena, la iniciativa busca «agilizar» juicios eliminando dilaciones, pero introduce el concepto de «interés público» en el artículo 128, que podría denegar amparos en casos colectivos contra decisiones gubernamentales. Juristas como Diego Valadés y organizaciones como Greenpeace argumentan que esto vulnera el acceso a la justicia, facilitando abusos en megaproyectos como el Tren Maya o minas en Wirikuta, donde litigios han pausado daños ambientales.
Arma de dos filos
En la audiencia del 11 de octubre, testigos destacaron que la reforma «arregla lo que no está roto», potencialmente reduciendo amparos en 40% y afectando a 2 millones de casos anuales. La SCJN monitorea, con ministros como Loretta Ortiz defendiendo eficiencia, pero opositores ven un asalto a contrapesos democráticos post-2018.
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