El Senado de la República aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La votación se saldó con 76 votos a favor (Morena y aliados) y 39 en contra (Oposición), en un ambiente de intensa tensión política.
La reforma, impulsada desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum, pasará ahora a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
Los Cambios Clave: Interés Legítimo y Digitalización
El bloque oficialista defendió que la reforma moderniza el proceso y clarifica conceptos jurídicos. Entre los ajustes sustanciales aprobados se encuentran:
- Interés Legítimo Redefinido: Se permitirá solicitar un amparo por una afectación individual o colectiva sin requerir que el daño sea «actual» o que el beneficio sea estrictamente «directo». Los promotores aseguran que esto busca impedir litigios sin un vínculo real de afectación.
- Digitalización del Juicio: Se autoriza la presentación y notificación electrónicas de la demanda de amparo a través del portal del Poder Judicial. El uso del sistema digital será obligatorio para las autoridades, aunque opcional para los particulares.
- Plazos Procesales: Se amplía el plazo para dictar sentencia en amparo indirecto de 60 a 90 días, y el margen para que los quejosos presenten garantías en suspensiones penales se extiende de tres a cinco días.
Freno a la Suspensión en Materia Fiscal
Uno de los puntos más críticos de la reforma se encuentra en el ámbito fiscal, donde se busca blindar la capacidad de cobro del Estado:
- Suspensión Condicionada: Se condiciona la suspensión de actos de cobro de créditos fiscales firmes a la entrega de una garantía válida (billete de depósito o carta de crédito expedida por instituciones financieras avaladas).
- Sin Impugnación Posterior: Una vez que los créditos fiscales queden firmes, ya no procederán recursos legales para impugnar su cobro.
La Crítica Opositora: “Traiciona el Espíritu del Amparo”
La oposición en el Senado lanzó severos cuestionamientos, señalando que la reforma es una regresión para la protección de derechos:
- Luis Donaldo Colosio (MC): Advirtió que la reforma “traiciona el espíritu del amparo” y debilita la defensa de los sectores más vulnerables al excluir a quienes carecen de recursos para garantizar créditos fiscales.
- Restricción de Derechos: Se argumentó que los cambios propuestos restringen la defensa de derechos ambientales, sociales y culturales, históricamente protegidos mediante la figura del interés legítimo (citando casos como Ayotzinapa y el acceso a tratamientos para niños con cáncer).
- Lilly Téllez (PAN): Durante el debate, la senadora lanzó duros señalamientos contra el senador Adán Augusto López, a quien acusó de buscar la reforma para «dinamitar los contrapesos» del sistema de justicia y favorecer al crimen organizado.
El dictamen marca que estas regulaciones aplicarán tanto para nuevos juicios de amparo como para aquellos que se encuentran actualmente en trámite, una vez que la reforma entre en vigor.