El Congreso del Estado de Querétaro ha puesto a debate una propuesta de reforma a la Ley de Aguas que ha generado una fuerte controversia en la entidad, especialmente entre los agricultores y especialistas en recursos naturales. La preocupación central radica en el posible impacto negativo en la seguridad alimentaria de la región. Los críticos de la iniciativa argumentan que la reforma podría modificar la distribución y gestión de los recursos hídricos, favoreciendo posiblemente el uso industrial o urbano sobre el agrícola en un estado que ya experimenta estrés hídrico.
La Necesidad de Consenso y el Paquete Económico 2026
La discusión sobre la Ley de Aguas se está llevando a cabo en paralelo con la revisión del Paquete Económico 2026, el cual está siendo presentado al Congreso en estos días. La interconexión es evidente: cualquier cambio en la gestión del agua tendrá implicaciones directas en la inversión para infraestructura hidráulica y en los subsidios para el sector primario, que depende críticamente del recurso. Líderes de opinión exigen un debate amplio y transparente, con la participación de todos los sectores, para asegurar que la reforma no comprometa la capacidad del estado para producir alimentos suficientes y sostenibles para su población.
La reforma a la Ley de Aguas es una decisión de alta trascendencia para el futuro de Querétaro. La urgencia por una gestión hídrica eficiente debe ser equilibrada con la garantía de que la producción agrícola, esencial para la seguridad alimentaria, no se vea penalizada. La Legislatura tiene la responsabilidad de aprobar una ley que beneficie a toda la sociedad queretana, protegiendo tanto los ecosistemas como la producción de alimentos.