El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para solicitar la investigación y separación del cargo de los alcaldes panistas de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. El Congreso los acusó de haber financiado con recursos públicos a grupos violentos que participaron en la reciente marcha de la «Generación Z».
La bancada de Morena, a través de su coordinadora Xóchitl Bravo, advirtió que de continuar estas conductas, los alcaldes podrían enfrentar un juicio político.
Acciones Aprobadas por el Pleno
Tras un debate de más de cuatro horas, se aprobó el punto de acuerdo que incluye:
- Exhorto a la Contraloría: Investigar a ambos funcionarios por el presunto desvío de recursos para fines de movilización violenta.
- Solicitud a la Jucopo: Crear una comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre los actos de violencia cometidos durante la marcha.
- Exhorto a Fiscalía y SSC: Continuar con las indagatorias sobre la participación de grupos violentos.
Señalamiento Directo a Operadores Políticos
El promotor del punto de acuerdo, el diputado de Morena Paulo García, exhibió los nombres de los supuestos operadores políticos que habrían movilizado a comerciantes informales con la amenaza de quitarles sus espacios de venta.
| Alcaldía | Operador Señalado | Rol y Acusación |
| Cuauhtémoc | Rubén Jiménez Barrios | Líder de comerciantes ambulantes y secretario adjunto de la presidencia del PRI capitalino. Se presume movilizó a informales. |
| Cuauhtémoc | Grecia Maribel Jiménez H. y Jean Leonet Jiménez H. | Concejales acusados de «obligar» a comerciantes a asistir a la marcha por orden directa de Rojo de la Vega. |
| Miguel Hidalgo | Roberto Arceo Trujillo | Subdirector en la alcaldía; señalado como quien «coordinó a golpeadores» para ejercer violencia contra policías. |
| Miguel Hidalgo | Alberto González Mancilla | Ex candidato a consejero regional del PAN y capacitador electoral; señalado como uno de los que saltó una valla para enfrentarse a policías. |
Al respecto, la diputada Silvia Sánchez Barrios deslindó a su familia de los hechos violentos, aunque sostuvo que Rubén Jiménez Barrios «seguramente recibió presiones y chantajes de la alcaldesa» para llevar a sus agremiados.
El punto de acuerdo, rechazado por los panistas, también instó a las dirigencias de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano a sumarse a la condena de los actos violentos.