El Congreso de Querétaro avanza contra el fraude académico. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia aprobó por unanimidad una iniciativa de ley para reformar el Código Penal y sancionar la oferta de servicios educativos que carezcan de validez oficial.
La medida, impulsada para combatir la impunidad y la competencia desleal, contempla penas de prisión y multas para los responsables.
Pena de Cárcel y Multa por Engaño Educativo
El diputado Guillermo Vega, presidente de la Comisión, detalló que la reforma impone sanciones severas a quienes administren instituciones sin la debida Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y no lo transparenten en su publicidad:
- Pena de Prisión: De tres meses a cuatro años de cárcel.
- Multa: Hasta 180 días multa.
«Buscando ponerle orden a este tema, es que se propone… que podamos establecer un requisito más fuerte y que se combata la impunidad,» afirmó Vega, señalando que estas prácticas constituyen una competencia desleal y engañan directamente a la población.
Rechazo Bipartidista a la Impunidad
La iniciativa recibió el respaldo de distintas bancadas, destacando su sentido humanista y social para proteger a los ciudadanos:
- Homero Barrera (Morena): Resaltó que las instituciones deben «señalar clara y puntualmente» si no cuentan con las acreditaciones, asegurando que con esta ley «ya no habrá engaños, no habrá maquinaciones para hacer caer a aquellas personas que buscando tener estudios, caigan en escuelas patito.»
- Enrique Correa: Coincidió en que el daño causado por la oferta educativa sin validez oficial es «profundo y grave». Hizo un llamado a la comunidad y al sector educativo a ejercer la acción ciudadana de participación y denunciar este tipo de ofertas para actuar de manera oportuna.