Tras el anuncio de Perú de romper relaciones diplomáticas con México debido al asilo diplomático otorgado a la exprimera ministra Betssy Chávez Chino, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó la medida, calificándola de «decisión unilateral, excesiva y desproporcionada».
Postura y Fundamento Legal de México
La SRE, encabezada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, defendió el asilo como un «acto legítimo» y apegado al derecho internacional:
- Convención de Caracas: México se amparó en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual tanto México como Perú son partes signatarias.
- No Intervención: La SRE afirmó que el asilo «en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú».
- Principios Internacionales: Reiteró que el otorgamiento de asilo «no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado», citando un reconocimiento de la Asamblea General de la ONU.
- Fundamento Constitucional: La decisión se tomó al amparo del artículo 11 de la Constitución Política y en estricta observancia de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en línea con el «humanismo mexicano».
Efectos en la Misión Diplomática
El presidente peruano interino, José Jeri, confirmó en redes sociales la ruptura y la expulsión de la diplomática mexicana.
- Expulsión: La encargada de la embajada mexicana en Perú, Karla Ornelas Loera, fue notificada por el canciller peruano de que tiene un «plazo perentorio para abandonar nuestro país».
- Antecedente: Ornelas Loera ya había asumido la dirección de la misión en diciembre de 2022, tras la expulsión del entonces embajador Pablo Monroy Conesa.
La Cancillería mexicana reafirmó que México seguirá siendo fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y que privilegiará siempre el diálogo para la solución amistosa de controversias.