Juan Carlos Espinosa, consultor político, consideró que la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, si bien parte del derecho soberano de Estados Unidos a regular el tránsito de personas, presenta excesos en su ejecución que podrían derivar en un desgaste social y político tanto al interior del país como en el ámbito internacional.
En entrevista, Espinosa señaló que Estados Unidos es una nación construida históricamente por migrantes y que su fortaleza económica está ligada a ese fenómeno. No obstante, advirtió que el actual enfoque del gobierno estadounidense se ha endurecido en la forma, particularmente en América Latina, mediante acciones que, dijo, rebasan los marcos de proporcionalidad y legalidad.
El consultor destacó el aumento de denuncias y evidencias en redes sociales sobre presuntos abusos policiacos contra migrantes y ciudadanos afroamericanos, así como revisiones a procesos de naturalización ya concluidos, lo que, afirmó, genera incertidumbre jurídica y social entre amplios sectores de la población estadounidense. Consideró que estas medidas podrían contravenir principios del propio marco legal de Estados Unidos y fomentar un clima de paranoia e inquietud.
Espinosa apuntó que la estrategia de Trump parece orientada a capitalizar el miedo como herramienta política, al vincular problemáticas estructurales del país con el fenómeno migratorio, con el objetivo de consolidar el respaldo de sectores nacionalistas. Sin embargo, advirtió que esta narrativa podría revertirse y convertirse en uno de los principales focos de desgaste para su administración.
En el plano internacional, señaló que la política exterior estadounidense ha incrementado tensiones con países como Venezuela y Colombia, lo que podría derivar en una mayor cohesión regional en contra de Washington y en cuestionamientos en materia de derecho internacional.
Finalmente, Espinosa subrayó que, aunque Trump actúa con una estrategia definida y un estilo de negociación basado en la presión, el impacto acumulado de estas decisiones podría generar costos políticos internos, particularmente entre ciudadanos que ya habían regularizado su estatus migratorio y ahora enfrentan un escenario de incertidumbre.