El Senado de la República de México ha aprobado un dictamen trascendental que reforma y amplía el alcance de la Ley de Amnistía, una iniciativa que ha generado una intensa polémica constitucional. La reforma no solo busca beneficiar a presos por delitos menores, sino que otorga al titular del Poder Ejecutivo la facultad discrecional y directa de conceder amnistía sin necesidad de una sentencia judicial o intervención de la Suprema Corte de Justicia. Esta medida se aplicaría en casos considerados «relevantes para la paz social o el esclarecimiento de hechos», especialmente si las personas amnistiadas pueden proporcionar información crucial sobre violaciones graves a derechos humanos.
Concentración de Poder y Críticas a la Autonomía Judicial
La principal crítica de la oposición y de expertos en derecho constitucional se centra en la concentración de poder en el Ejecutivo. Se argumenta que esta facultad presidencial podría vulnerar la separación de poderes, esencial para el sistema democrático, y afectar la autonomía judicial al permitir la anulación de procesos penales sin el debido proceso. Los detractores temen que la ley se utilice para fines políticos, mientras que el partido en el gobierno la defiende como una herramienta de justicia transicional para destrabar casos históricos de impunidad y violación de derechos humanos, como la búsqueda de personas desaparecidas o el esclarecimiento de eventos violentos del pasado. El debate sobre la Ley de Amnistía ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se espera una ratificación acelerada.
El Desafío de la Reconciliación y la Reparación a Víctimas
Organizaciones de víctimas han expresado su cautela. Si bien apoyan cualquier mecanismo que conduzca a la verdad y la reparación del daño, exigen garantías de que la amnistía no se convierta en sinónimo de impunidad para los perpetradores. La ley debe asegurar que la liberación de informantes o testigos no obstruya las investigaciones en curso ni cierre las puertas a la justicia ordinaria. La Presidenta Sheinbaum ha defendido la ley como un avance del «humanismo mexicano», pero el desafío real será su implementación ética y apegada al Estado de Derecho.
La aprobación de la Ley de Amnistía es un punto de inflexión legislativo que le da al Ejecutivo un poder sin precedentes. Aunque se justifica en la justicia social, la controversia sobre la división de poderes es ineludible y se convertirá en el próximo gran debate legal en México.