César Zafra, representante del Parlamento Abierto Ciudadano, presentó un análisis sobre la relación entre el financiamiento público que reciben los partidos políticos y su capacidad operativa en la representación de casillas durante los procesos electorales. Señaló que los partidos con más del 3% de votación nacional reciben recursos anuales para capacitación, defensa del voto y actividades ordinarias, pero estos montos no se reflejan en la cobertura electoral.
El estudio abarca el periodo 2021-2024, considerado como el ciclo completo previo a la elección federal. De acuerdo con Zafra, la representación en casillas permite medir si el financiamiento cumple con su propósito constitucional. A nivel nacional, Morena registra una cobertura de entre 80 y 90% de representantes propietarios, seguido del PAN con 60 a 70%, con presencia menor en zonas rurales. El PRI se ubica entre 40 y 55%, mientras que partidos como el Verde, PT y Movimiento Ciudadano registran coberturas entre 10 y 30%. El PRD, antes de perder su registro, se mantenía entre 5 y 15%.
Según el análisis, más de la mitad de los partidos no alcanza 30% de representación, lo que indica que el financiamiento no se traduce en estructura territorial. Zafra señaló que, en términos de costo por casilla, el financiamiento nacional equivaldría a entre 45,000 y 250,000 pesos por casilla, dependiendo del partido.
En Querétaro, el PAN es el partido con mayor estructura, con una cobertura estimada entre 80 y 90%. Morena alcanza entre 60 y 75%, mientras que el PRI se mantiene entre 40 y 50%. Partidos como el Verde, PT, Movimiento Ciudadano y queretanos con registro local presentan coberturas menores al 30%. El costo por casilla en el estado va de 19,000 pesos en el PAN hasta 100,000 pesos en partidos minoritarios.
El estudio incluye estimaciones del financiamiento para 2026, que supera los 137 millones de pesos entre todos los partidos con registro local. El PAN recibiría más de 45 millones; Morena, 42; el PRI, 14; Movimiento Ciudadano y Partido Verde, alrededor de 13 cada uno; y el PT, 10 millones.
Zafra indicó que el modelo actual financia la permanencia de las dirigencias más que la operación electoral y que no existen mecanismos de auditoría operativa que vinculen los recursos con resultados en campo. Añadió que, con la unificación de casillas federales y locales a partir de la última reforma electoral, los partidos pueden acreditar un solo representante, aunque reciben recursos por ambas vías.
Consideró que una reforma electoral debería centrarse en la regulación del uso de recursos y evaluación de desempeño, así como en revisar el esquema de financiamiento. Añadió que, aunque las candidaturas independientes permanecen en la ley, sus requisitos operativos dificultan su viabilidad.