El ingeniero civil Jorge Lomelí aseguró que la discusión de la nueva Ley General de Aguas abrió un escenario inédito en el país, evidenciado por cierres carreteros, tensiones políticas y resistencias de grupos con gran poder económico. Afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum mostró “una valentía enorme” al poner sobre la mesa un tema históricamente intocable: el control y la acumulación privada del agua.
Recordó que desde 2012 se intentó crear una legislación integral, pero los intereses de grandes empresas, bancos y actores políticos frenaron cualquier avance. Hoy, dijo, el ordenamiento impulsa la supervisión, medición, trazabilidad y destino del recurso, lo que ha provocado reacciones inmediatas de quienes por años administraron volúmenes de agua superiores incluso a los de ciudades completas. Señaló que se detectan casos donde solo cuatro o cinco empresas concentran más agua que municipios enteros, además de prácticas donde concesiones agrícolas se usaban para industrias, campos de golf o desarrollos inmobiliarios.
Lomelí insistió en que el país enfrenta una crisis hídrica: de los 11 acuíferos de Querétaro, al menos cinco están agotados. En este contexto, destacó que la ley prioriza el consumo humano por encima de cualquier actividad económica y limita operaciones que permitían vender, heredar o transferir derechos de agua sin control. También establece sanciones a quienes contaminen ríos y obliga al tratamiento adecuado del agua industrial y municipal.
Explicó que la legislación está compuesta por dos marcos: la Ley General de Aguas, que crea una estructura regulatoria estricta, y la Ley de Aguas Nacionales, que se modifica para alinearse a los nuevos criterios. Con esto, auguró que se reducirá la contaminación en ríos como el Querétaro, Hércules o La Cañada, y se frenará el uso indebido de pozos agrícolas para abastecer a desarrollos privados.
Sobre el papel de los municipios, consideró que sí pueden encargarse del tratamiento y reutilización del agua, siempre que cuenten con plantas diseñadas “a la medida” de sus necesidades. Respecto a la Comisión Estatal de Aguas (CEA), dijo que no debería desaparecer, sino fortalecerse para regular a los organismos operadores privados y municipales, muchos de los cuales, advirtió, funcionan sin la transparencia ni la capacidad técnica necesarias.
Lomelí sostuvo que la reacción de los grupos inconformes continuará, pero será temporal: “A nadie le gusta el control cuando ha tenido poder”. No obstante, consideró que el ordenamiento era urgente y que sus beneficios en disponibilidad, calidad y equilibrio ecológico se verán en el corto plazo. “Es una sacudida necesaria”, concluyó, al afirmar que la nueva ley pondrá fin a décadas de abuso en el manejo del agua en México.