Compradores de terrenos en el fraccionamiento Querkus, ubicado dentro del desarrollo El Encino, en el municipio de Huimilpan, denunciaron presuntas irregularidades y posibles delitos de fraude relacionados con la venta de lotes por parte del grupo desarrollador Camelot, tras más de siete años sin que se concluyan las obras ni se entreguen los servicios prometidos.
José Saúl García Guerrero, uno de los afectados, informó que adquirió dos terrenos en 2018 luego de conocer el proyecto mediante publicidad impresa, espectaculares e internet, donde se ofrecía un fraccionamiento con campo de golf, lagos artificiales, áreas recreativas y servicios completos. De acuerdo con su testimonio, los lotes serían entregados en diciembre de ese mismo año, lo que no ocurrió.
Señaló que, con el paso del tiempo, los compradores constataron que varias de las obras ofrecidas no existen ni física ni jurídicamente. Indicó que el campo de golf fue eliminado del proyecto desde 2014 por acuerdo del Cabildo de Huimilpan, mientras que los lagos prometidos corresponden a vasos reguladores de agua pluvial que desaparecen en temporada de estiaje.
García Guerrero explicó que los terrenos pudieron ser escriturados hasta finales de 2023, tras presiones y gestiones ante autoridades, debido a que inicialmente no contaban con claves catastrales ni registrales individualizadas. Sin embargo, afirmó que el fraccionamiento carece de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica funcional, por lo que algunos habitantes recurren a pipas de agua y conexiones provisionales.
Detalló que en 2023, al obtener actas de Cabildo, los compradores presentaron denuncias penales por presuntos delitos contra el desarrollo urbano y fraude genérico. En total, diez personas interpusieron querellas ante la Fiscalía, las cuales han sido acumuladas en una sola carpeta de investigación.
No obstante, el denunciante señaló que la carpeta ha sido archivada en dos ocasiones por la Fiscalía, a pesar de una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia que determinó la existencia de elementos para investigar un posible fraude. La más reciente decisión de archivo fue ratificada en diciembre de 2025.
Los afectados informaron que buscan que el caso sea reabierto y que se garantice la reparación del daño, ya sea mediante la conclusión del fraccionamiento o la devolución de los recursos invertidos. Asimismo, anunciaron que continuarán con acciones legales ante instancias estatales y federales para dar seguimiento al caso.