05 diciembre,2025
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Coordinador del PAN Alerta que la Nueva Ley de Aguas Nacionales es un «Riesgo Real» de Centralización

El diputado panista Guillermo Vega alertó que la iniciativa de Morena para la Ley de Aguas Nacionales concentra decisiones en la Federación, eliminando participación de usuarios y abriendo la puerta a la discrecionalidad política.

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Guillermo Vega Guerrero, coordinador del PAN en el Congreso local, lanzó una fuerte advertencia sobre la iniciativa de Morena para modificar la Ley de Aguas Nacionales, calificándola como un «riesgo real» para las familias, los productores y los municipios de Querétaro y el país.

El legislador sostuvo que la propuesta busca centralizar todas las decisiones en el gobierno federal, eliminando la participación técnica y operativa de los estados, los municipios y los propios usuarios.

Centralización y Discrecionalidad

Vega Guerrero afirmó que la reforma pretende retirar a los gobiernos locales la facultad de administrar el agua en sus regiones. Esto significa que las decisiones sobre el recurso, que actualmente se toman «cerca de la gente», pasarían a manos de una sola autoridad en la Ciudad de México.

El panista advirtió que este nuevo modelo abre la puerta a la discrecionalidad, permitiendo que la Federación decida a quién otorga o niega concesiones sin reglas claras.

«Un agricultor, una empresa o incluso un municipio podrían perder acceso al agua por decisión política, no por razones técnicas,» afirmó Vega Guerrero.

El legislador también reprochó que la iniciativa no propone soluciones reales a la crisis hídrica, pues «No se habla de modernizar tuberías, reducir fugas, aprovechar aguas tratadas o mejorar plantas de bombeo. Solo se centralizan facultades.”

Artículos Más Cuestionados

Vega Guerrero subrayó tres artículos de la iniciativa que, a su juicio, son los más graves:

  1. Artículo 22: Permite que la Federación pueda revocar o negar concesiones sin estudios técnicos obligatorios.
  2. Artículo 13 Bis: Reduce los Consejos de Cuenca a simples órganos consultivos, eliminando su capacidad de decisión y dejando fuera a estados, municipios, usuarios y especialistas.
  3. Artículo 11: Amplía las facultades federales para imponer sanciones o intervenir sistemas de agua sin criterios de proporcionalidad ni plazos claros de defensa.

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