El diputado local Enrique Correa, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, afirmó que la reciente mesa de trabajo con colectivos ciudadanos confirmó la urgencia de avanzar hacia una nueva legislación, pero también evidenció la magnitud del reto: transformar no solo leyes, sino hábitos arraigados en la vida urbana de Querétaro.
Correa explicó que las organizaciones civiles han planteado observaciones puntuales al anteproyecto —algunas, dijo, hasta 17 señalamientos técnicos— que él toma como parte fundamental del proceso. “En una mesa de diálogo vas a escuchar. Ellos pueden ver cosas que uno, en la ceguera del taller, no alcanza a diagnosticar”, aseguró.
El legislador reconoció que la tensión con algunos colectivos se intensificó cuando estos solicitaron su salida de la comisión, pero subrayó que el diálogo permitió encauzar nuevamente las conversaciones. “Cuando la comunicación se rompe es imposible avanzar. Mi trabajo es hacer política: buscar, explicar, enseñar los avances y escuchar”, dijo.
Para Correa, el debate sobre la movilidad en Querétaro parte de un problema de fondo: la redistribución del espacio público. Señaló que cualquier transformación real implicará ajustar derechos entre los distintos usuarios de la ciudad. “Cuando le dices a alguien que tendrá que dejar su coche, usar transporte escolar o convivir con ciclovías, deja de gustar. Estamos acostumbrados a un modelo que priorizó el automóvil durante décadas”, señaló.
El diputado apuntó que los cambios culturales son tan relevantes como los legales, y que una ley sin aceptación social está destinada a generar rechazo. Recordó los conflictos que generó la construcción de ciclovías en la administración municipal 2015–2018: “Todos quieren una ciudad ciclista, pero nadie quiere perder el estacionamiento frente a su casa”.
Correa admitió que el proceso será gradual y que existen retos que probablemente no se alcanzarán a regular en esta primera etapa, como el transporte de carga dentro de las zonas urbanas. La ubicación de parques industriales, el tránsito constante sobre la carretera 57 y la necesidad de abastecer comercios y servicios hacen de este tema uno de los más complejos para la ciudad.
Otro obstáculo es la infraestructura urbana. Reconstruir avenidas, ampliar banquetas, crear bahías de carga y descarga o instalar parquímetros requiere inversiones importantes y un rediseño profundo del espacio público. Aun así, Correa se pronunció a favor de medidas como el estacionamiento regulado. “El espacio público es de todos; la mejor forma de administrarlo donde hay alta demanda es con pago”, comentó.
El legislador insistió en que la movilidad debe partir de un sistema de transporte público eficiente, sin el cual no es viable limitar el uso del automóvil. Aunque reconoció avances recientes, afirmó que aún no se alcanza el nivel necesario para un cambio más profundo.
Sobre los tiempos legislativos, aseguró que la comisión podría presentar un dictamen en el primer semestre del próximo año, tras nuevas mesas de trabajo. La prioridad, reiteró, es lograr una ley que coloque cimientos firmes para una transformación paulatina, pero sostenida.
“Mi función es encontrar equilibrio entre todas las fuerzas. Yo aspiro a lo mismo que los colectivos: una ciudad segura, armónica, donde el espacio público sea para las personas. Pero llegar ahí implica decisiones difíciles. La movilidad no es solo infraestructura: es cultura, es empatía y es voluntad de cambiar”, concluyó.