Compradores del desarrollo inmobiliario Campestre del Lago Residencial, ubicado en el municipio de Huimilpan, denunciaron presuntas irregularidades en la venta de lotes, al señalar que el proyecto habría operado desde 2018 sin contar con licencias ni autorizaciones para la comercialización de terrenos.
En entrevista, Claudia Manilla, una de las personas afectadas, afirmó que el desarrollo comenzó a vender lotes desde hace siete años sin que exista avance en la urbanización prometida, la cual incluía clústeres cerrados, áreas comunes, alberca, palapa y control de acceso. Señaló que los compradores realizaron pagos mediante contratos de compraventa y esquemas de financiamiento directo ofrecidos por los propios desarrolladores.
De acuerdo con la denunciante, tras solicitar información a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Huimilpan, recibieron respuesta oficial en la que se indica que el desarrollador no cuenta con licencias para la venta de lotes ni con autorizaciones en materia de desarrollo urbano. Pese a ello, aseguró que continúan operando canales de promoción y venta.
Manilla informó que se presentó una denuncia penal por presunto fraude, en la que actualmente están integradas al menos 23 personas, aunque el fraccionamiento contemplaría alrededor de 500 lotes. Indicó que existen carpetas de investigación abiertas; sin embargo, afirmó que en dos ocasiones un juez determinó no vincular a proceso a Pedro Garfia Signes, señalado como responsable del proyecto.
La entrevistada señaló que el imputado fue detenido brevemente en septiembre pasado en San Juan del Río, pero quedó en libertad en menos de 24 horas. Posteriormente, el 19 de noviembre, se resolvió nuevamente no vincularlo a proceso, pese a que, dijo, existen documentos oficiales que acreditarían la falta de permisos para la venta de los terrenos.
Los denunciantes también cuestionaron la participación del desarrollador en eventos oficiales, como la Feria Aeroespacial México, donde habría asistido como representante de un desarrollo inmobiliario del estado, pese a las denuncias en su contra.
Finalmente, las personas afectadas solicitaron la intervención del gobierno estatal y municipal para garantizar el acceso a la justicia, evitar que continúen las ventas y atender el daño patrimonial ocasionado a las familias involucradas.