Rebeca Huerta, madre de crianza de una niña de tres años, denunció presuntas irregularidades en la actuación de autoridades del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, TSJ, durante la restitución de la menor a su madre biológica, ejecutada la semana pasada.
De acuerdo con su testimonio, Huerta y su esposo ejercían la custodia de la niña desde prácticamente su nacimiento y contaban con una sentencia favorable de primera instancia que les otorgaba la custodia definitiva y la adopción por solidaridad, luego de que se acreditara el abandono por parte de la madre biológica. La resolución incluía la pérdida de la patria potestad y se sustentaba en peritajes psicológicos, de trabajo social y diversos medios de prueba.
La madre biológica apeló dicha sentencia ante una segunda instancia, proceso que se encontraba en trámite. Sin embargo, Huerta señaló que el pasado martes 16 de diciembre, sin notificación previa, actuarios judiciales, elementos de seguridad pública y un cerrajero acudieron al domicilio familiar para ejecutar la restitución de la menor.
Huerta también señaló que, durante el juicio de primera instancia, los peritajes practicados a la madre biológica arrojaron resultados desfavorables en las evaluaciones psicológicas y de trabajo social, lo cual fue considerado por el juzgado al momento de dictar la sentencia que otorgó la custodia definitiva a la familia de crianza. Indicó que, pese a estos antecedentes, la restitución de la menor se ejecutó sin que se les informara si dichas condiciones fueron nuevamente evaluadas o si se determinó que la madre biológica cumplía con los criterios de idoneidad para el cuidado de la niña.
Indicó que al momento de la diligencia no se les mostró orden judicial ni sentencia alguna, y que sus abogados confirmaron que no existía resolución visible en los sistemas del Poder Judicial. A pesar de ello, la menor fue retirada del domicilio y entregada a la madre biológica. La sentencia correspondiente, afirmó, apareció en los registros horas después de haber sido ejecutada.
Huerta sostuvo que durante el operativo no se permitió conocer el contenido de la resolución, ni se dio oportunidad de interponer recursos legales de manera inmediata, lo que, señaló, les impidió ejercer su derecho a la defensa en ese momento.
Ante estos hechos, la familia anunció que ya se trabaja en un amparo para impugnar la restitución y en una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles abusos de autoridad y violaciones al debido proceso. También informaron que han intentado reunirse con el presidente del TSJQ, Braulio Guerra, sin que hasta ahora se haya concretado el encuentro.
Finalmente, Huerta expresó que su principal preocupación es la situación de la menor, quien fue trasladada a un entorno distinto al que había conocido desde su nacimiento, y pidió que el caso sea revisado bajo el principio del interés superior de la niñez.