Actualmente, prácticas como la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad están prohibidas. La iniciativa propone que la muerte asistida se permita en condiciones específicas, sin que esto constituya un delito o genere responsabilidad civil, siempre que se sigan las normas emitidas por la Secretaría de Salud.
Condiciones de Aplicación y Protocolo Ético
El debate se enfoca en la dignidad de las personas con enfermedades graves y terminales que sufren de manera persistente, incluso recibiendo cuidados paliativos.
Los requisitos clave que contempla la iniciativa para la aplicación de la muerte asistida son:
- Edad: Ser persona mayor de 18 años.
- Voluntad: Solicitud expresa y por escrito.
- Evaluación: La solicitud debe ser evaluada por un Comité de Bioética para determinar su aptitud y procedencia.
La Secretaría de Salud sería la autoridad responsable de emitir la normatividad detallada, incluyendo requisitos, procedimientos, formatos y tiempos de reflexión, garantizando que la decisión sea informada y libre.
Objeción de Conciencia y Responsabilidad Médica
Uno de los puntos centrales en el sector salud es el equilibrio entre la autonomía del paciente y la responsabilidad ética del personal médico.
La iniciativa aborda este conflicto reconociendo el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud. Sin embargo, también establece que las instituciones de salud deben asegurar la continuidad del proceso mediante otro profesional no objetor, en caso de que la solicitud cumpla con todos los requisitos legales.
Referentes Internacionales y Opinión Pública
La discusión se apoya en tendencias internacionales, mencionando a países como Canadá, España, Países Bajos y Colombia, que ya cuentan con regulaciones al respecto.
Además, el debate se sustenta en la percepción social. La Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022 indica que una proporción significativa de la población apoya la opción de adelantar la muerte en casos de sufrimiento inevitable en fase terminal.1
La iniciativa se encuentra actualmente bajo análisis en las comisiones de Salud y de Justicia del Senado, donde se definirá el futuro de esta compleja y sensible propuesta.