El consultor político Juan Carlos Espinosa afirmó que la reciente publicación de la Ley General de Aguas tiene como objetivo establecer un marco de orden y regulación en el uso del recurso hídrico, uno de los principales retos para Querétaro y el país. Explicó que la nueva legislación obliga a las entidades federativas a armonizar su marco normativo local en un plazo de 180 días.
Espinosa señaló que uno de los puntos centrales de la ley es la regulación clara de los usos del agua, ante prácticas irregulares detectadas en distintos estados, incluido Querétaro. Indicó que existen pozos concesionados para uso agrícola que son utilizados para fines industriales o de consumo humano, sin que se cumplan los tratamientos requeridos según la normatividad correspondiente.
Como ejemplo, mencionó el caso de pozos en el municipio de El Marqués que presentan concentraciones de sustancias no aptas para consumo humano, pero cuya agua es distribuida sin tratamiento adecuado. Explicó que esta situación es posible debido a que los derechos de concesión no siempre corresponden al uso real del agua extraída.
El consultor también aclaró que la ley no modifica el principio constitucional de que el agua es propiedad de la nación, vigente desde 1917, y que el Estado es quien otorga los derechos para su explotación. Señaló que la nueva regulación busca evitar la comercialización irregular de volúmenes no utilizados y prácticas como la venta de agua en mercados informales.
Respecto a la operación de los sistemas de agua, Espinosa indicó que la Ley General no prohíbe ni obliga a la desaparición de organismos operadores estatales, municipales o privados, dejando esa definición a las legislaturas locales durante el proceso de adecuación normativa.
Finalmente, consideró que el análisis de la ley en los congresos estatales representará un reto, al tiempo que señaló que el proceso de discusión del presupuesto estatal continúa abierto y sujeto a negociación entre las fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo.