El consultor Juan Carlos Espinosa, señaló que la violencia contra las mujeres continúa en aumento en Querétaro y que las acciones gubernamentales no han mostrado resultados claros. Recordó que el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en la que, dijo, debería reflexionarse sobre lo que realizan los gobiernos y la sociedad frente a este fenómeno.
Espinosa indicó que las cifras recientes del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran incrementos en los casos denunciados. Destacó que, de enero a septiembre del presente año, Querétaro registra más de mil carpetas por delitos relacionados con violencia contra mujeres, ubicándose entre las entidades con índices más altos en relación con su población.
Sobre la Secretaría de la Mujer, Espinosa señaló que su creación no ha derivado en políticas públicas nuevas ni en ampliación presupuestal respecto a lo que antes operaba como instituto, por lo que considera que no ha logrado incidir en la reducción de la violencia. Subrayó que no se observan programas de prevención ni acciones para atender las causas estructurales del problema.
El especialista explicó que los datos muestran que la violencia intrafamiliar se mantiene en niveles elevados incluso después de la pandemia, cuando inicialmente se atribuyó el aumento de casos al confinamiento. Agregó que persisten patrones de violencia que se reproducen en ámbitos familiares, escolares y comunitarios, así como nuevas expresiones como la denominada “violencia estética”, derivada de estereotipos difundidos en redes sociales y medios de comunicación.
Espinosa afirmó que la responsabilidad frente a la violencia no recae únicamente en las autoridades, sino también en la sociedad, que normaliza prácticas que inciden en dinámicas delictivas más amplias. Enfatizó que la corresponsabilidad social es necesaria para atender el deterioro del tejido comunitario.
Finalmente, consideró que el reto principal es desarrollar políticas integrales de prevención, educación para la paz y acompañamiento a víctimas, así como una estrategia estatal que permita disminuir la violencia en los hogares y fortalecer la convivencia social.