El Senado de la República ha aprobado una reforma legislativa crucial que permitirá al gobierno federal imponer aranceles a 1,463 productos provenientes de China y otros países con los que México no tiene tratados de libre comercio vigentes. Esta acción, que busca proteger a la industria nacional de la competencia desleal, fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y ha elevado la tensión comercial con Pekín. La Cámara de Comercio China ya ha expresado su preocupación, pidiendo a México «corregir el proteccionismo» y actuar con prudencia para evitar una guerra comercial.
La Defensa de la Industria Nacional y el Contexto Global
La medida es defendida por el sector empresarial mexicano como necesaria para frenar la entrada masiva de productos a precios artificialmente bajos (dumping), lo que perjudica a industrias como la textil, acerera y electrónica. Sin embargo, la decisión ocurre en un contexto global de alta volatilidad y podría provocar represalias por parte de China. Este movimiento se alinea con una tendencia mundial de proteccionismo comercial impulsada por Estados Unidos y Europa.
Impacto en la Ley de Ingresos y las Inversiones
La aplicación de los aranceles afectará la recaudación de la Ley de Ingresos 2026 a través del impuesto a las importaciones y podría influir en las decisiones de inversión extranjera directa de empresas chinas que buscan establecerse en México (nearshoring). La Cancillería mexicana deberá manejar la situación con extrema delicadeza para defender la producción nacional sin dañar la relación diplomática y comercial con una de las economías más grandes del mundo.
Beneficio con riesgos
La aprobación de los aranceles a China es una medida de proteccionismo con potencial beneficio para la industria local, pero conlleva el riesgo de represalias y guerra comercial.