El analista inmobiliario y financiero, Eduardo Rodríguez, alertó sobre una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y legales en el desarrollo inmobiliario denominado Iónica, ubicado en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey, luego de que el municipio de Querétaro refrendara su licencia de construcción.
Durante entrevista, Rodríguez explicó que el proyecto presenta antecedentes que, a su juicio, ameritan una revisión exhaustiva por parte de las autoridades. Detalló que el predio original, de más de 47 mil metros cuadrados, fue subdividido en 2011 en cuatro fracciones, de las cuales una concentra más del 99 por ciento de la superficie, mientras que las restantes cuentan con dimensiones mínimas, situación que calificó como atípica y sin una justificación técnica clara.
Señaló que el terreno fue adquirido por la empresa Inmobiliaria Tenco, de la cual —dijo— no existe información pública suficiente sobre su historial, estructura financiera o proyectos previos. Añadió que esta falta de antecedentes resulta relevante, considerando que el desarrollo contempla una inversión estimada superior a los mil millones de pesos.
Rodríguez expuso que en 2021 se constituyó un fideicomiso integrado por varias empresas inmobiliarias, mismo que posteriormente quedó bajo la administración total de la institución financiera Intercam. Indicó que esta cesión completa de control es poco común y suele darse cuando los desarrolladores no cuentan con la solvencia necesaria para continuar el proyecto.
Uno de los puntos que calificó como más delicados es la presunta transmisión del patrimonio fideicomitido al municipio de Querétaro en 2023, operación que —afirmó— quedó registrada en el Registro Público de la Propiedad. De confirmarse, advirtió que esto implicaría que una entidad pública asumiera derechos y obligaciones de un desarrollo privado, lo cual consideró jurídicamente cuestionable.
Asimismo, señaló inconsistencias en la inscripción de actos autorizados por Cabildo, como la aprobación del fraccionamiento, modificaciones al fideicomiso y relotificaciones, las cuales —dijo— no aparecen de manera clara en los registros públicos correspondientes. Apuntó también a la intervención de al menos dos notarías en distintos momentos del proceso, sin que exista información completa y accesible sobre los actos protocolizados.
El analista recordó que Intercam fue señalada por autoridades estadounidenses por presuntas operaciones de lavado de dinero, por lo que consideró grave que, posteriormente, siga apareciendo como figura reconocida en documentos oficiales, aun cuando ya se encontraba bajo investigación.
Finalmente, Rodríguez advirtió sobre los riesgos para compradores e inversionistas, al señalar que el proyecto únicamente presenta una torre en obra desde 2022 y que actualmente se ofertan unidades bajo el concepto de “venta provisional”. Afirmó que, bajo estas condiciones, no recomendaría invertir en el desarrollo y llamó a las autoridades estatales y municipales a investigar el caso, así como a reforzar los mecanismos de supervisión para evitar fraudes inmobiliarios y proteger el patrimonio de la ciudadanía.