Jorge Lomelí afirmó que la actual propuesta de reforma electoral plantea cambios de fondo que no se habían concretado en décadas, particularmente en materia de financiamiento público a partidos políticos, representación legislativa y estructura de las autoridades electorales.
Durante una entrevista, Lomelí señaló que, aunque en años anteriores se realizaron ajustes parciales como redistritaciones y modificaciones internas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no se había avanzado en los aspectos estructurales del sistema. Atribuyó esta situación a que las reformas de fondo impactan directamente a quienes deben aprobarlas: diputadas, diputados, senadoras y senadores.
Indicó que la propuesta actual contempla la transformación de las autoridades electorales, cambios en el Poder Legislativo, ajustes al financiamiento de los partidos políticos, mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato, plebiscitos y consultas populares, así como modificaciones en los tribunales electorales federales y locales.
Lomelí subrayó que uno de los puntos centrales del debate es la permanencia de las diputaciones plurinominales. Explicó que de los 500 escaños en la Cámara de Diputados, 200 se asignan por este principio, lo que, afirmó, genera distorsiones en la representación. Como ejemplo, mencionó procesos electorales recientes en los que partidos con pocos distritos ganados obtuvieron un número significativo de curules por la vía plurinominal.
Asimismo, sostuvo que este mecanismo no permite una relación directa entre representantes y ciudadanía, y que tampoco existe un mecanismo efectivo de rendición de cuentas similar al que enfrentan quienes obtienen un cargo por voto directo en un distrito.
En materia de financiamiento, Lomelí consideró que el esquema actual representa una carga presupuestal elevada y planteó que los partidos políticos podrían obtener recursos para su operación fuera del financiamiento público ordinario, manteniéndose únicamente el apoyo estatal en años electorales, como lo propone la iniciativa.
También se refirió al papel de los organismos electorales locales, señalando que existen señalamientos recurrentes sobre su cercanía con los gobiernos estatales en turno, lo que, dijo, refuerza la propuesta de fortalecer un arbitraje electoral de carácter federal.
Finalmente, afirmó que, aunque la reforma podría no beneficiar electoralmente al partido en el gobierno ni a sus aliados, su planteamiento apunta a reducir costos del sistema electoral y modificar reglas de representación que, a su juicio, han dejado de ser funcionales.