El sistema penitenciario en México presenta fallas estructurales desde su origen y no cumple con los objetivos de readaptación o reinserción social que le atribuye el discurso institucional, señaló Bernardo Romero, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ex consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En entrevista, Romero explicó que la prisión es una institución relativamente reciente en la historia de la humanidad y que, desde su concepción, ha estado ligada al castigo más que a procesos reales de transformación social. Sostuvo que la idea de “reeducar” o “readaptar” a las personas privadas de la libertad es, además de inviable, éticamente cuestionable, ya que implica la pretensión de modificar la personalidad o la identidad de los individuos mediante el encierro.
El especialista señaló que la cárcel, por su propia naturaleza, rompe los referentes cotidianos de las personas, lo que genera afectaciones psicológicas severas. Indicó que el aislamiento prolongado provoca pérdida de identidad, deterioro emocional y procesos de descomposición social que dificultan cualquier posibilidad de reincorporación efectiva a la comunidad una vez concluida la condena.
Romero advirtió que uno de los principales síntomas de un sistema penitenciario en crisis es la falta de organización interna por parte de las autoridades, lo que deriva en prácticas de autogobierno. Explicó que, en diversos centros de reclusión del país, los propios internos asumen el control de espacios, servicios y dinámicas internas, incluyendo el cobro por visitas, asignación de áreas, ingreso de objetos prohibidos y control de actividades cotidianas.
A ello se suman condiciones materiales deficientes, como falta de mantenimiento, problemas de higiene, presencia de plagas y carencias en servicios médicos, así como jornadas laborales excesivas y salarios precarios para el personal custodio, quienes enfrentan altos niveles de riesgo en su labor diaria.
El ex consejero de la CNDH subrayó que el sistema penitenciario opera de manera selectiva y castiga principalmente a personas en situación de pobreza, mientras que delitos de alto impacto económico o cometidos por sectores con mayor capacidad de defensa legal suelen permanecer impunes. En ese sentido, afirmó que la cárcel no funciona como un mecanismo efectivo de prevención del delito ni de justicia social.
Finalmente, Romero sostuvo que la prisión cumple, en el mejor de los casos, una función limitada para evitar la venganza privada, pero que fuera de ello genera más problemas de los que resuelve. Consideró necesario replantear el modelo de castigo y explorar alternativas que no estén basadas exclusivamente en el encierro como respuesta al conflicto social.