La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la LXI Legislatura de Querétaro, representada por la diputada Teresita Calzada Rovirosa, ingresó una iniciativa de reforma al artículo séptimo de la Constitución Política del Estado.2 El objetivo es eliminar las lagunas legales que han permitido a los partidos políticos postergar la postulación de mujeres al cargo de mayor relevancia en la entidad: la gubernatura.
Calzada Rovirosa argumentó que, si bien existen avances en la paridad para ayuntamientos y diputaciones, la elección del Ejecutivo estatal sigue siendo una asignatura pendiente donde el género femenino ha sido históricamente excluido de las candidaturas competitivas.
Diferencias con la propuesta del IEEQ
Durante la presentación, la legisladora aclaró que su propuesta es distinta a la presentada recientemente por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Mientras que la iniciativa del órgano electoral se centra en acciones afirmativas para el ámbito municipal y distrital, la reforma de MC busca impactar directamente en la sucesión gubernamental de 2027.
| Institución / Actor | Enfoque de la Reforma | Alcance |
| Movimiento Ciudadano | Gubernatura del Estado. | Prioridad para mujeres en candidaturas a gobernador(a). |
| IEEQ | Ayuntamientos y Diputaciones. | Inclusión de grupos vulnerables y paridad municipal. |
| Legislatura Local | Marco Constitucional. | Derogación de disposiciones que permiten la libre definición de género. |
El fin de la «discrecionalidad partidista»
Actualmente, el marco jurídico otorga a los partidos la libertad de decidir el género de su candidatura siempre que alternen en el siguiente periodo. Sin embargo, MC propone que la paridad sea obligatoria y transversal desde el inicio, exigiendo que los partidos que nunca han postulado a una mujer para la gubernatura en Querétaro lo hagan de manera prioritaria en el próximo ciclo electoral.
Esta reforma pretende alinear a Querétaro con los principios de «Paridad en Todo» establecidos a nivel federal, asegurando que el acceso al poder público no dependa de criterios internos de los partidos, sino de un mandato constitucional claro a favor de la igualdad de oportunidades.