La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó su compromiso con la integridad de las instituciones públicas al declarar que en su administración existe una política de «cero impunidad» frente a cualquier nexo entre servidores públicos y grupos delictivos. La mandataria fue enfática al señalar que su gobierno busca erradicar prácticas del pasado que permitieron el ascenso de figuras cuestionables en la estructura de seguridad.
«Cero impunidad a la corrupción y cualquier colusión entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad, no queremos más Garcías Lunas, eso no», aseveró, refiriéndose al exsecretario de Seguridad Pública federal que actualmente purga una condena de 38 años en Estados Unidos.
Proceso de justicia y Estado de Derecho
Sheinbaum Pardo detalló que, para garantizar la transparencia y la legalidad en estos casos, la estrategia de su gobierno se basa en una ruta crítica que respeta el debido proceso, pero que no permite el encubrimiento de delitos:
- Denuncia ciudadana o interna: El primer paso para activar los mecanismos de control del Estado.
- Investigación exhaustiva: Labores de inteligencia por parte de las dependencias de seguridad y la Fiscalía.
- Detención y juicio: Aplicación de la ley para quienes resulten involucrados, asegurando un juicio justo.
- Sin distinción: La medida aplica tanto para nexos con el narcotráfico como para delitos de cuello blanco.
Alcance de la medida
La presidenta aclaró que esta vigilancia no se limita únicamente a los mandos altos, sino que permea a todos los niveles de los funcionarios federales y las fuerzas de seguridad.
| Tipo de Delincuencia | Postura del Gobierno Federal |
| Crimen Organizado | Investigación inmediata de vínculos con cárteles o grupos armados. |
| Cuello Blanco | Cero tolerancia a la corrupción administrativa y desvío de recursos. |
| Fuerzas de Seguridad | Depuración constante y castigo a la colusión con criminales. |
| Objetivo Político | Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia. |
Desde Puebla de Zaragoza, la mandataria reiteró que la seguridad del país depende de la honorabilidad de quienes portan el uniforme y de quienes toman las decisiones políticas, por lo que cualquier funcionario que traicione la confianza pública deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes.