A un año de la publicación de la Ley de Participación Ciudadana en Querétaro, César Zafra, integrante de Parlamento Abierto Ciudadano, consideró que la normativa ha comenzado a generar mecanismos de incidencia social, aunque reconoció que existen áreas de oportunidad en su implementación.
La ley, publicada el 14 de febrero de 2025, contempla 11 mecanismos de participación, entre ellos audiencias públicas, plebiscito, consultas y presupuesto participativo. Zafra destacó como antecedentes relevantes la audiencia pública estatal relacionada con el proyecto Batán y la audiencia municipal en materia de movilidad, promovida por colectivos ciudadanos, así como ejercicios de diálogo en colonias como El Porvenir.
Señaló que, mientras algunos mecanismos activados desde el ámbito gubernamental, como los plebiscitos en Cadereyta y el municipio de Querétaro, no prosperaron, los impulsados por ciudadanía organizada han tenido mayor continuidad e incidencia.
En cuanto al presupuesto participativo, indicó que en el municipio de Querétaro se aprobó destinar el 6 por ciento de lo recaudado por impuesto predial, lo que representa alrededor de 106 millones de pesos para 2026. Actualmente, explicó, se trabaja en la definición de lineamientos para determinar la forma en que se emitirán convocatorias, los criterios de distribución territorial y los tipos de proyectos que podrán someterse a consideración.
Zafra apuntó que uno de los retos principales será armonizar los tiempos administrativos, los procesos de licitación y los mecanismos de transparencia con las expectativas ciudadanas. Señaló que la ejecución de recursos públicos implica procedimientos establecidos por ley, lo que puede extender los plazos de implementación.
Asimismo, mencionó que siete municipios ya cuentan con reglamentos en la materia, aunque aún falta que el resto avance en su adecuación normativa para activar plenamente los instrumentos previstos en la ley.
Finalmente, sostuvo que el proceso requerirá evaluación constante para ajustar mecanismos como el plebiscito o fortalecer figuras intermedias de consulta territorial, con el objetivo de adecuarlos a la realidad de cada municipio y a sus capacidades presupuestales.