El diputado local Arturo Maximiliano García advirtió que la Ley de Participación Ciudadana en Querétaro enfrenta dificultades para su aplicación debido a los costos que implica activar mecanismos como la consulta pública y la revocación de mandato, lo que podría convertir el derecho en “nugatorio”, es decir, existente en la norma pero de difícil ejercicio en la práctica.
Explicó que la legislación contempla tres supuestos para solicitar una consulta: que la promueva el titular del Poder Ejecutivo, que la impulsen otros funcionarios facultados o que la solicite la ciudadanía mediante los requisitos establecidos. Precisó que la ley prohíbe consultas en materia electoral y fiscal, pero permite abordar una amplia variedad de temas de interés público.
Señaló que cada ejercicio de democracia directa requiere recursos para organización, difusión, instalación de mesas receptoras y personal operativo. Indicó que, si cada propuesta se compara con otras necesidades presupuestales y se descarta por su costo, los mecanismos difícilmente podrán llevarse a cabo.
Como alternativa, planteó analizar la viabilidad del voto electrónico para reducir gastos logísticos, aunque reconoció que persisten dudas sobre la secrecía y la independencia del sufragio. Añadió que existen figuras menos costosas, como la iniciativa popular y el presupuesto participativo, que pueden facilitar la intervención ciudadana.
Sobre la revocación de mandato, consideró que su implementación implicaría un gasto adicional si no se realiza de manera concurrente con elecciones ordinarias.
El legislador informó que asumió la presidencia de la comisión correspondiente tras un acuerdo interno y que dará continuidad a los trabajos en curso, entre ellos la Ley de Bienestar Animal, para la cual buscarán coordinación con autoridades municipales. Asimismo, indicó que participan en reformas relacionadas con movilidad, código urbano y legislación electoral, que incorporan mecanismos de participación y observatorios ciudadanos.