El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha intensificado los esfuerzos legales para presentar ante la justicia al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La solicitud de extradición fue formalizada por la Cancillería ante la embajada de Estados Unidos, país donde presuntamente reside el expolítico panista.
Contexto judicial y órdenes de captura
La medida diplomática se produce tras un revés judicial significativo para el exmandatario. El pasado 11 de febrero, el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas resolvió no conceder la protección judicial (amparo) a Cabeza de Vaca ni a cuatro miembros de su familia.
Actualmente, existen dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra:
- Octubre de 2022: Por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos de procedencia ilícita.
- Febrero de 2024: Una segunda orden por delitos similares y fraude fiscal.
La respuesta de la defensa
A través de un comunicado emitido este lunes 16 de febrero de 2026, el equipo legal de García Cabeza de Vaca sostuvo una versión distinta:
- Protección judicial: Los abogados afirman que el exgobernador aún cuenta con suspensiones que impiden su arresto inmediato.
- Apelación: Anunciaron que recurrirán la resolución del juez ante un tribunal superior, buscando revertir la negativa del amparo.
- Situación con Interpol: La defensa insiste en que la ficha roja fue retirada en 2025, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) aclara que solo fue suspendida temporalmente debido a los recursos legales interpuestos.
Puntos clave del proceso de extradición
| Aspecto | Detalle |
| Instancia solicitante | Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a petición de la FGR. |
| Ubicación del señalado | Estados Unidos (residente y considerado prófugo). |
| Cargos principales | Delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. |
| Estatus en EE. UU. | Las autoridades estadounidenses no han emitido una postura oficial aún. |
El exgobernador, quien gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022, ha calificado las investigaciones como una «persecución política». No obstante, la administración actual reafirma que el proceso se basa en hallazgos sólidos sobre el manejo de recursos públicos y vínculos con la delincuencia organizada durante su gestión.