Una nueva controversia sacude la Cámara Alta tras revelarse la operación de un salón de belleza en el piso 2 del edificio de oficinas de los senadores. Mientras la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, justificó el espacio bajo el argumento de que deben «estar presentables», las bancadas del PAN y PRI se desmarcaron de su uso y exigieron cuentas claras sobre el financiamiento de este servicio de lujo.
Oposición exige rendición de cuentas
Las senadoras Lilly Téllez (PAN) y Carolina Viggiano (PRI) afirmaron que sus grupos parlamentarios no sabían de la existencia de este «spa» y que nunca fueron invitadas. Téllez envió una carta formal a la Mesa Directiva solicitando detalles sobre la asignación del espacio y el uso de presupuesto público para fines ajenos a la labor legislativa.
Interrogantes clave presentadas por la oposición:
- Licitación: ¿Se realizó un proceso de licitación para contratar a los estilistas o para el arrendamiento del espacio?
- Insumos y Proveedores: Se investiga la relación con la empresa Comercializadora Aureo, cuyo propietario, Gustavo Nava Muñoz, presuntamente vendía productos al Senado sin tener un domicilio fiscal verificable.
- Gastos de Operación: Quién cubrió los costos de electricidad, agua, mobiliario, tintes y mantenimiento de la estética.
Funcionamiento del salón de belleza
A pesar de que el miércoles se colocaron sellos de resguardo parlamentario en el lugar, estos fueron retirados la mañana de este jueves. El espacio ofrecía servicios de:
- Corte y tinte de cabello.
- Maquillaje profesional.
- Manicura y pedicura.
| Senadoras identificadas como usuarias | Partido |
| Laura Itzel Castillo | Morena |
| Judith Díaz | Morena |
| Juanita Guerra Mena | PVEM |
Argumentos y Escrutinio
La presidenta del Senado defendió la instalación del salón alegando necesidades de imagen pública, sin embargo, la senadora Lilly Téllez calificó de «jurídicamente inaceptable» cualquier discrecionalidad en el uso de instalaciones financiadas por el erario. Hasta el momento, no se ha especificado la partida presupuestal exacta que sostiene este servicio, mientras la sospecha sobre proveedores «fantasma» incrementa la presión sobre la administración actual de la Cámara de Senadores.