El debate sobre la reforma electoral se ha concentrado en dos ejes del sistema político mexicano: el financiamiento público a los partidos y el mecanismo de asignación de escaños de representación proporcional.
Desde la Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, se ha planteado la reducción del financiamiento público como parte de la iniciativa. El argumento central es que el costo de las elecciones en México es elevado y que los partidos dependen en mayor medida de recursos presupuestales que de estructura territorial. La propuesta sostiene que una disminución del financiamiento obligaría a las fuerzas políticas a fortalecer su vínculo con el electorado.
El segundo componente de la discusión es la modificación del sistema de diputaciones y senadurías plurinominales. El planteamiento del gobierno incluye eliminar las listas cerradas y establecer mecanismos para que quienes accedan a cargos de representación proporcional acrediten respaldo en las urnas.
La representación proporcional fue incorporada para garantizar presencia de minorías en el Congreso. Sin embargo, distintos actores han señalado que las listas han permitido el acceso de dirigentes partidistas, exfuncionarios y candidatos que no obtuvieron el triunfo en elecciones de mayoría relativa. También se ha cuestionado la forma en que se integran y ordenan estas listas, al no existir votación directa sobre cada perfil.
En la coalición gobernante, integrada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, no se ha fijado una postura única sobre la eliminación o transformación de las plurinominales ni sobre la reducción del financiamiento.
En el Senado, la oposición ha cuestionado la propuesta. El senador Ricardo Anaya Cortés ha señalado que una reducción del financiamiento público debe ir acompañada de medidas para impedir el ingreso de recursos ilícitos a las campañas.
El Congreso deberá analizar si las modificaciones corrigen distorsiones del sistema o generan nuevos riesgos en la competencia electoral.