La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 tras confirmar que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incurrieron en fallas críticas durante la investigación en el predio «Rancho Izaguirre», en Teuchitlán. El informe detalla la pérdida de vehículos, la falta de inventario de restos óseos y la ausencia de cadenas de custodia en más de 1,800 indicios.
Cronología de las Omisiones Graves
La investigación de la CNDH revela un patrón de descuido institucional que compromete el derecho a la verdad y la justicia para las familias de personas desaparecidas.
- Septiembre 2024: La Guardia Nacional entrega el predio con 10 detenidos, armas y siete vehículos. La Fiscalía no procesa técnicamente los indicios (no hubo sellado ni etiquetado oficial).
- Noviembre 2024: Tres de los siete vehículos asegurados fueron sustraídos del lugar mientras el rancho se encontraba bajo el supuesto resguardo de la Fiscalía.
- Marzo 2025: Se permitió el ingreso masivo de personas al predio durante una intervención pericial, lo que provocó la alteración de la escena y la contaminación de pruebas biológicas.
- Retraso Genético: Las muestras de ADN recabadas en septiembre de 2024 no fueron comparadas con el banco de datos de familiares sino hasta marzo de 2025, perdiendo seis meses críticos.
Irregularidades en el Manejo de Evidencia
El informe destaca que el IJCF publicó en su portal oficial una lista de 1,842 indicios (fotografías y descripciones) que carecían de validez legal por no tener garantizada su cadena de custodia.
Medidas de Reparación Obligatorias
La Recomendación 11/2026 establece un plazo de seis meses para que las autoridades de Jalisco cumplan con los siguientes puntos de reparación y no repetición:
- Disculpa Pública: La Fiscalía y el IJCF deberán realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad ante las víctimas.
- Sanciones Administrativas: Colaboración total en los procedimientos contra los servidores públicos involucrados en la pérdida de evidencia.
- Nuevos Protocolos: Actualización obligatoria de los manuales de preservación de escenas del crimen y manejo de indicios.
- Capacitación: Implementación de cursos especializados en derechos humanos e investigación forense para todo el personal pericial y ministerial.
La CNDH concluyó que estas acciones no solo constituyen una falta administrativa, sino que representan una barrera de impunidad para los colectivos de búsqueda que descubrieron en este sitio hornos y objetos que apuntan a una operación masiva de exterminio.