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Ordenan reabrir investigación contra vicealmirante por «huachicol fiscal» ante opacidad de la FGR

Una jueza federal determinó la reapertura de la investigación complementaria en el proceso contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, integrante de la Secretaría de Marina (SEMAR).

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La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito en el Altiplano, resolvió que el proceso debe transparentarse de manera inmediata. Esta medida busca restablecer el equilibrio procesal en la causa penal 325/2025, donde se investiga la presunta participación del mando naval en redes de contrabando de combustible.

Resoluciones de la audiencia de tutela de derechos

A través de la intervención del despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, se logró que el Poder Judicial impusiera lineamientos estrictos a la Fiscalía para garantizar el acceso a la información.

  • Acceso Íntegro: La FGR está obligada a entregar todos los tomos, anexos, cuadernos y discos que integran la carpeta de investigación.
  • Inventario Detallado: La Fiscalía debe presentar una relación pormenorizada del contenido del caso para evitar omisiones o el ocultamiento de pruebas.
  • Peritajes Digitales: Se ordenó facilitar la revisión de toda la evidencia digital por parte de los peritos de la defensa sin obstáculos técnicos.

Ampliación de plazos y estrategia legal

Debido a las irregularidades detectadas en la fase previa, la juzgadora otorgó un beneficio temporal a la defensa para procesar la información que le fue negada.

  • Prórroga: Se concedieron tres meses adicionales de investigación complementaria.
  • Análisis de pruebas: El equipo legal del vicealmirante utilizará este periodo para robustecer su estrategia tras la entrega total de los elementos de prueba.
Autoridad JudicialImputadoDelito ImputadoMedida Dictada
Jueza Mariana VieyraVicealmirante Farías LagunaHuachicol FiscalApertura de investigación por 3 meses.
InstanciaInstituciónRepresentaciónEstatus
Juzgado del AltiplanoSEMAREpigmenio Mendieta & AbogadosEn etapa complementaria.

La determinación representa un revés para la FGR, que ahora deberá cumplir con los lineamientos de transparencia establecidos por el tribunal para continuar con el proceso judicial bajo los estándares del sistema penal acusatorio.

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