La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la fiscal general Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de ley que transforma radicalmente el protocolo de actuación ante el fallecimiento violento de mujeres. El eje central de la propuesta es establecer la hipótesis de feminicidio como punto de partida obligatorio en todas las investigaciones, eliminando la posibilidad de que los Ministerios Públicos descarten inicialmente casos bajo figuras de suicidio o accidente.
- Persecución de oficio: El delito será perseguido de manera automática en todo el país.
- Unidades especializadas: La FGR y las fiscalías estatales deberán contar con cuerpos técnicos capacitados exclusivamente en perspectiva de género.
- Protocolo reforzado: Se prohíbe el cierre de carpetas sin agotar la línea de investigación por razones de género.
Sanciones y reparación del daño
La Fiscal Ernestina Godoy detalló los alcances punitivos de la nueva normativa, enfocándose en una justicia retributiva y en la protección de las víctimas indirectas:
- Penas de prisión: Se plantean condenas de 40 a 70 años por feminicidio consumado.
- Tentativa: Las agresiones no consumadas se sancionarán con penas de entre la mitad y dos terceras partes de la condena máxima.
- Patrimonio y familia: El agresor perderá de manera inmediata los derechos sobre sus propiedades y bienes para efectos de reparación del daño, además de la pérdida de la patria potestad de sus hijos.
Protección a la orfandad y víctimas indirectas
Ingrid Gómez Sarasibar, subsecretaria del derecho a una vida libre de violencias, destacó que la ley no solo se enfoca en el castigo, sino en el sistema de cuidados posterior al crimen:
- Registro Nacional: Se creará un padrón oficial de menores en situación de orfandad por feminicidio.
- Atención integral: El Estado garantizará los derechos y el sustento de niños, niñas y adolescentes que pierdan a sus madres por este delito.
- Articulación de derechos: La ley establece mecanismos claros para que los familiares de las víctimas reciban acompañamiento jurídico y psicológico gratuito.
Proceso legislativo
La propuesta será enviada al Senado de la República entre el 24 y 25 de marzo de 2026. La mandataria federal confió en que los legisladores darán prioridad a esta iniciativa, la cual se suma a la agenda de reformas prioritarias de su administración para combatir la impunidad y la violencia de género en México.