A un año de su detención, la defensa de Carlota “N” logró que se sustituyera la prisión preventiva justificada por el arresto domiciliario. Al salir del penal, la mujer ofreció breves declaraciones a los medios de comunicación antes de retirarse en un vehículo particular.
- Declaración: “Fue un mal rato realmente, pero lo tomo como una defensa personal”, afirmó la mujer de la tercera edad.
- Situación jurídica: Continúa procesada por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
- Coimputados: Eduardo «N» y Mariana «N», presuntos familiares detenidos junto a ella, permanecen en prisión preventiva en el mismo centro penitenciario.
Contexto de los hechos (Abril 2025)
El caso cobró relevancia nacional tras la difusión de videos de cámaras de seguridad que captaron el momento de la agresión en una vivienda del municipio de Chalco.
- El conflicto: Según los abogados, la disputa se originó cuando un grupo de sujetos tomó de manera ilegal una propiedad perteneciente a la señora Carlota.
- La agresión: El 2 de abril de 2025, la mujer arribó al inmueble y presuntamente atacó a balazos a tres hombres que se encontraban en el lugar.
- Saldo: Dos de las víctimas fallecieron a causa de los disparos, mientras que una tercera (menor de edad) resultó herida.
Cronología del proceso judicial
El proceso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, dividiendo posturas entre quienes condenan el uso de la fuerza y quienes simpatizan con la situación de la mujer ante una presunta invasión.
| Fecha | Evento Clave |
| 2 de abril, 2025 | Detención de Carlota «N» tras el ataque armado en Chalco. |
| 10 de abril, 2025 | Vinculación a proceso por homicidio calificado y tentativa. |
| Agosto, 2025 | Detención de dos presuntos invasores involucrados en el despojo inicial. |
| 1 de abril, 2026 | Salida del penal para cumplir prisión domiciliaria. |
A pesar de obtener el beneficio del resguardo en su hogar, Carlota «N» mantiene restricciones de movilidad y vigilancia constante mientras el Poder Judicial del Estado de México dicta una sentencia definitiva sobre el caso, el cual ha puesto en el debate público los límites de la legítima defensa y la problemática de las invasiones de inmuebles en la entidad.