El diputado local Ulises Gómez de la Rosa denunció graves anomalías en la revisión de las cuentas públicas del estado de Querétaro, señalando una parálisis legislativa que impide la transparencia en el gasto de los recursos. El legislador enfatizó que las irregularidades detectadas en diversos municipios y dependencias estatales comprometen los principios de legalidad y confiabilidad necesarios para su aprobación.
Anomalías detectadas en el gasto público
De acuerdo con el análisis presentado por el diputado, se han identificado patrones de manejo discrecional del erario que incluyen:
- Falta de padrones: Programas sociales ejecutados sin un registro claro de beneficiarios.
- Irregularidades en obra pública: Proyectos sin justificación técnica y con evidencia de sobreprecios.
- Evasión de licitaciones: Uso recurrente de adjudicaciones directas y fraccionamiento de contratos para evitar concursos públicos.
- Pagos excesivos: Identificación de transferencias infladas a proveedores específicos.
Municipios con mayores observaciones
Si bien se reportan problemas en al menos 10 demarcaciones del estado, el legislador morenista subrayó que la situación financiera más crítica se localiza en dos puntos específicos:
| Municipio | Situación Observada |
| Colón | Inconsistencias graves en el manejo del erario y comprobación de gasto. |
| Tequisquiapan | Deficiencias en la justificación de recursos destinados a servicios y obras. |
Crítica a los órganos de fiscalización
Gómez de la Rosa cuestionó severamente el desempeño de la Comisión de Vigilancia de la Legislatura, presidida por la diputada Claudia Díaz Gayou, debido a que solo ha sesionado una vez en cuatro meses. Esta inactividad ha frenado el análisis de los estados financieros municipales.
Asimismo, puso en duda la objetividad de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), sugiriendo incluso la destitución del auditor general si no se garantiza una revisión transparente. Ante estos hallazgos, el diputado solicitó formalmente el inicio de procedimientos ante la Fiscalía Anticorrupción y los órganos internos de control para deslindar responsabilidades administrativas o penales por el presunto manejo discrecional de los fondos públicos en la entidad.