La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene bajo resguardo al exluchador profesional Alberto «N», mejor conocido como «El Patrón», tras su detención el pasado 6 de abril en el sector de Lomas del Tecnológico. El imputado enfrenta cargos por violencia familiar tras una denuncia ratificada por su pareja sentimental, quien reportó agresiones físicas y verbales.
El Proceso Judicial en Curso
La detención se realizó en flagrancia por la Guardia Civil Estatal tras un auxilio al 911. Actualmente, el caso se encuentra en las siguientes etapas:
- Audiencia Inicial: Se llevará a cabo en el centro penitenciario de La Pila, donde un juez de control determinará si el proceso se sigue en libertad o bajo la medida de prisión preventiva.
- Integración de Pruebas: La Fiscalía Especializada ha documentado lesiones físicas y agresiones verbales mediante peritajes médicos y psicológicos.
- Medidas Cautelares: La autoridad judicial definirá el estatus legal del luchador basándose en el riesgo que represente para la víctima y la posibilidad de evasión.
Penas y Sanciones Según el Código Penal
De ser encontrado culpable, la legislación de San Luis Potosí establece sanciones rigurosas para el delito de violencia familiar, estipuladas en el artículo 205:
| Tipo de Sanción | Rango de Aplicación |
| Prisión | De 1 a 7 años de cárcel. |
| Multas Económicas | Entre 11,000 y 70,000 pesos. |
| Sanciones Adicionales | Posible pérdida de derechos de patria potestad. |
La gravedad de la pena dependerá de los agravantes que el Ministerio Público logre acreditar durante el juicio, considerando el daño psicológico y físico causado.
Historial y Antecedentes
La Fiscalía estatal mantiene una atención especial sobre este caso debido a los antecedentes del deportista:
- Incidentes Previos: Alberto del Río ha enfrentado procesos similares en Texas (2020) y denuncias públicas de exparejas en el ámbito de la lucha libre profesional (WWE).
- Reincidencia: Aunque cargos anteriores en el extranjero fueron desestimados tras el retiro de denuncias, las autoridades potosinas evalúan este historial como parte del perfil de riesgo en la carpeta actual.
El avance del proceso en San Luis Potosí será determinante para definir el futuro del exluchador, quien permanece bajo custodia mientras se desahogan las primeras diligencias que podrían derivar en una sentencia de hasta siete años de prisión.