La Diócesis de Querétaro, a través de su vocero Martín Lara Becerril, manifestó su respaldo absoluto al veto ejercido por el gobernador Mauricio Kuri González en contra de la Ley de Identidad de Géneroaprobada en la entidad. La representación religiosa argumentó que el dictamen vulnera el principio constitucional de certeza jurídica y abre la puerta a conflictos de carácter civil y administrativo.
El clérigo aclaró que la postura institucional de la Iglesia católica no busca minusvalorar el esfuerzo ni las causas que han impulsado las comunidades LGBT+ en la entidad con respecto al tema de la identidad, sino señalar las inconsistencies técnicas de una legislación que se basa únicamente en un criterio subjetivo.
Crítica al criterio de autopercepción
De acuerdo con las declaraciones del vocero diocesano, el principal problema de la reforma radica en que se fundamenta en la autopercepción individual sin exigir un proceso de validación objetivo. Las autoridades eclesiásticas advirtieron que esta flexibilidad normativa debilita el ordenamiento jurídico del estado.
La argumentación de la Diócesis de Querétaro se estructuró bajo los siguientes puntos centrales:
- Vulneración del estado objetivo: Al depender la ley de cómo se perciba una persona, se relativizan elementos fijos que otorgan estabilidad jurídica ante la sociedad.
- Atributos de la personalidad: El estado civil, el nombre y el sexo son considerados pilares legales que dan certeza al ser humano. Su modificación subjetiva provoca la pérdida de dicha certidumbre.
- Función del Registro Civil: Cuando un acta registral queda supeditada exclusivamente a la voluntad de un individuo, se debilita la función del registro público como el órgano garante de la legalidad y la fe pública.
Contexto de la discusión en la entidad
El pronunciamiento de la Diócesis de Querétaro se suma a la serie de reacciones que ha generado el freno definitivo a la normativa por parte del Poder Ejecutivo estatal. Mientras que sectores del PAN y la Iglesia han cerrado filas en favor del veto argumentando la necesidad de proteger la certeza legal y el interés de las familias, instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y organizaciones civiles locales han demandado abrir mesas de diálogo crítico para salvaguardar los derechos humanos de las personas trans.