El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, defendió de manera categórica la estrategia de seguridad pública implementada durante su administración (2006-2012), conocida como la “guerra contra el narco”. El exmandatario aseguró que combatir frontalmente a las organizaciones delictivas era una obligación constitucional del Estado para proteger a las familias mexicanas, calificando la medida como la «decisión correcta» a pesar de las críticas generalizadas de sus adversarios políticos.
Las declaraciones del político panista se emitieron durante un encuentro de liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN) celebrado en el estado de Chihuahua, organizado con el propósito de manifestar el respaldo de la militancia hacia la gobernadora Maru Campos.
Respaldos políticos y tensiones diplomáticas en Chihuahua
La reaparición de Calderón Hinojosa se suscita en un entorno de alta fricción entre el gobierno de Chihuahua y la federación, derivado de un operativo en el que presuntamente fallecieron dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en la entidad.
El contexto de confrontación partidista e internacional abarca los siguientes puntos:
- Acusaciones de intervencionismo: La gobernadora Maru Campos enfrenta señalamientos por supuesta colaboración bilateral con agencias de inteligencia norteamericanas sin mediar notificación al Gobierno Federal.
- Postura del PAN: Calderón fustigó la ofensiva judicial y los amagos de juicio político promovidos por Morena contra la mandataria estatal, contrastando el caso con la reticencia del gobierno mexicano para cumplimentar las solicitudes de extradición de la Unión Americana contra diez funcionarios acusados de narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
- Estatus del juicio político: La diputada panista Kenia López Rabadán precisó que los plazos legales para dar trámite a un proceso de destitución en contra de la gobernadora chihuahuense han expirado formalmente.
Confrontación de narrativas con la administración de Sheinbaum
El discurso del exmandatario choca frontalmente con los posicionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha tachado la estrategia del sexenio calderonista como una acción «irresponsable». La mandataria sostiene que la declaración de guerra elevó de manera histórica los índices de homicidios y secuestros, criticando además el argumento de los «daños colaterales» civiles y recordando la reclusión en EE. UU. de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de dicho periodo, por nexos con el crimen organizado.
El origen del despliegue: El Operativo Conjunto Michoacán
La defensa legal y política de Calderón evoca las acciones del 11 de diciembre de 2006, fecha en la que ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de Tierra Caliente, marcando el inicio de la política de militarización de la seguridad en el país.
El balance técnico del operativo inicial se compone de los siguientes indicadores:
- Fuerza de tarea: Movilización oficial de 4,260 elementos del Ejército, 1,054 efectivos de la Marina-Armada de México y más de 1,600 agentes de la Policía Federal.
- Modificación del entorno: La vida cotidiana en los municipios michoacanos se transformó mediante el establecimiento permanente de retenes militares, cateos domiciliares y patrullajes aéreos de supervisión.
- Resultados estadísticos: Las evaluaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la estrategia no pacificó la entidad, registrando un incremento en los homicidios dolosos al pasar de 717 casos en 2006 a más de 2,000 carpetas de investigación para el año 2011.