El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió este miércoles 6 de mayo de 2026 que la reciente ola de acusaciones contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos es apenas el inicio. En una entrevista con la cadena News Nation, el funcionario federal aseguró que el Departamento de Justicia redoblará esfuerzos para perseguir a políticos vinculados con el crimen organizado.
Cooperación de capos: la clave de las nuevas investigaciones
Blanche explicó que la presencia de líderes de alto perfil del Cártel de Sinaloa en prisiones estadounidenses, como Ismael «El Mayo» Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocidos como «Los Chapitos», es un factor determinante para el avance de los casos.
El fiscal interino detalló que la intención de estos capos de colaborar con la justicia estadounidense derivará inevitablemente en acusaciones adicionales. «Algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales contra políticos mexicanos», afirmó.
El fin de la impunidad transfronteriza
Respecto a las consecuencias para los funcionarios involucrados, Blanche destacó que el objetivo principal es romper la percepción de protección que los líderes criminales y sus aliados políticos sentían en sus lugares de origen.
- Objetivo estratégico: Lograr que los involucrados teman ser enjuiciados en ciudades como Nueva York, Chicago, San Diego o Texas.
- Caso Rocha Moya: El fiscal recordó que el pasado 30 de abril se formalizaron cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por tráfico de drogas y delitos de armas.
- Investigaciones en curso: Confirmó que ya se han acusado a múltiples funcionarios de gobierno y a un juez mexicano recientemente, tendencia que, aseguró, continuará.
Relación bilateral y posibilidad de intervención militar
A pesar de la tensión generada por estas investigaciones, Todd Blanche calificó la relación con el gobierno de México como «positiva» en la mayoría de sus frentes, destacando la importancia de la cooperación mutua en temas migratorios y de seguridad.
Sobre la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles —una propuesta recurrente en la retórica del presidente Donald Trump—, el fiscal se mostró cauteloso. Aclaró que dicha medida no es competencia del Departamento de Justicia, sino una decisión ejecutiva del mandatario de Estados Unidos, aunque reiteró que ambos países comparten la misión de detener el flujo de drogas hacia el norte.