Cinco funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa acudieron este martes 26 de mayo de 2026 a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la sede de Culiacán para comparecer tras las acusaciones emitidas por el gobierno de Estados Unidos que los vinculan con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.
Entre los citados que se presentaron a declarar formalmente se encuentran Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Dámaso Castro Saavedra, exvicefiscal general con licencia de la entidad; y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación en el estado.
Origen de las acusaciones y situación de los señalados
El expediente judicial escaló de forma internacional el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció una acusación formal contra 10 funcionarios sinaloenses por presuntos delitos de narcotráfico y uso de armas de fuego. El documento estadounidense sostiene que los implicados colaboraron activamente con el Cártel de Sinaloa y de manera específica con la facción de Los Chapitos.
La situación legal del grupo de los 10 acusados se divide de la siguiente manera:
- Entregados a EU: El exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregaron voluntariamente a las autoridades norteamericanas.
- Comparecientes en México: Los cinco funcionarios encabezados por Rocha Moya que atendieron el citatorio de la FGR esta semana.
- Ausentes del citatorio: Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), José Antonio Dionisio Hipólito (alias “El Tornado”) y Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), exmandos policiales que no se presentaron el martes y cuyo estatus de programación de cita aún se desconoce.
Posturas oficiales e investigaciones en curso
Tras salir de la comparecencia, Rubén Rocha Moya publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó que su asistencia responde al respeto que tiene por el Estado de Derecho y las instituciones mexicanas, asegurando que buscará que la verdad prevalezca. Por su parte, el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedrafue el único en dar declaraciones directas a los medios locales, limitándose a confirmar que atenderá el desarrollo y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
El Gobierno Federal confirmó que se ejecutó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de todos los señalados en el caso. La autoridad financiera precisó que esta acción administrativa derivó directamente de las órdenes de arresto emitidas por las cortes de Estados Unidos y no como resultado de un procedimiento de investigación interna previo en México.