El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro enfrenta una severa presión financiera debido a un nuevo procedimiento sancionador que ronda los seis millones de pesos, el cual se suma a una larga lista de multas fiscales e irregularidades que el partido arrastra desde hace casi dos décadas.
La presidenta estatal del tricolor, Abigail Arredondo Ramos, aclaró que esta última penalización económica aún no se encuentra firme y continúa en vías de revisión legal. Sin embargo, reconoció que la operatividad diaria del instituto político está asfixiada por omisiones cometidas por dirigencias del pasado.
Retención del presupuesto y litigios con el INE
La líder priista detalló que la acumulación de estas sanciones históricas obliga al partido a subsistir bajo un esquema de austeridad forzada. Desde el inicio de su gestión al frente del Comité de Querétaro, el 50% del presupuesto ordinario disponible se destina de manera directa al pago de multas dictadas por las autoridades electorales.
A pesar del complejo panorama, Arredondo destacó que el equipo legal del partido ha logrado mitigar el impacto mediante una estrategia de litigio continuo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), consiguiendo las siguientes resoluciones:
- Reducción de pasivos: Las impugnaciones y recursos de revisión permitieron revocar y disminuir cerca de 10 millones de pesos en multas que originalmente eran más elevadas.
- Fiscalización cambiante: La dirigente criticó que el INE modifica de manera constante sus criterios de fiscalización e interpretaciones reglamentarias sin una difusión clara (notificando en ocasiones solo por estrados), lo que fomenta nuevas observaciones técnicas que afectan principalmente a los bloques de oposición.
Reestructuración administrativa de cara al futuro
Para contener las crisis contables y evitar que los nuevos ejercicios fiscales generen más penalizaciones, el PRI en Querétaro implementó una renovación integral en sus áreas administrativas, técnicas y jurídicas. El objetivo prioritario de este reajuste interno es endurecer el control de auditorías preventivas y dar un seguimiento puntual a los requerimientos del órgano electoral, mientras continúan combatiendo en tribunales las resoluciones que consideren desproporcionadas.