La coordinadora de la fracción del PRI en la 61 Legislatura de Querétaro, Adriana Elisa Meza Argaluza, presentó este 7 de mayo de 2026 una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público. El objetivo es eliminar la carga económica para los ciudadanos que son víctimas de actos administrativos inválidos.
El fin de los «cobros injustos»
Actualmente, la legislación vigente en el estado obliga a los propietarios de vehículos a pagar los costos de salvamento, arrastre y depósito (corralón), incluso si una autoridad judicial o administrativa determina que la infracción o el aseguramiento inicial fue indebido.
La propuesta busca establecer que:
- No habrá obligación de pago cuando el acto origen haya sido revocado o declarado nulo.
- Justicia congruente: Si la autoridad reconoce que el acto fue inválido, el ciudadano no debe absorber los gastos derivados de ese error.
Tutela judicial efectiva
La diputada Meza Argaluza señaló que esta reforma responde a criterios del Poder Judicial, los cuales indican que cobrar por un servicio derivado de una falta inexistente vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva.
«No es correcto que una persona tenga que pagar por un acto que la propia autoridad ha reconocido como indebido. Con esta reforma, las resoluciones dejarán de ser simples papeles y tendrán efectos reales en el bolsillo de los ciudadanos», enfatizó la legisladora.
Fortalecimiento del marco jurídico
La iniciativa pretende corregir una inconsistencia legal que, hasta ahora, limitaba el alcance de las sentencias a favor de los ciudadanos. Al eliminar estos cobros en casos de nulidad, se busca brindar mayor certeza jurídica y garantizar que el sistema de servicios auxiliares en Querétaro opere bajo principios de equidad y legalidad.
La propuesta pasará ahora a las comisiones correspondientes de la Legislatura para su análisis y dictaminación.