La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, admitió que la relación bilateral con Estados Unidos sufrió un quiebre definitivo a raíz del denominado caso CIA en Chihuahua. Durante su segunda Rendición de Cuentas, la mandataria explicó que el vínculo entre ambas naciones mantenía una coordinación histórica y un entendimiento en materia de narcotráfico y migración irregular, el cual se vio severamente afectado por este incidente que derivó en una crisis diplomática.
Antes de este acontecimiento, la cooperación binacional había logrado resultados significativos en la agenda común. La jefa del Ejecutivo federal destacó que, gracias a dicha coordinación estratégica implementada desde el arranque de la administración de Donald Trump, los encuentros de migrantes en la frontera común registraron una caída del 97.5%.
Operación ilegal de agentes extranjeros en Chihuahua
La tensión diplomática inició cuando se detectó la presencia de elementos de una agencia estadounidense —identificada como la CIA— operando en el estado de Chihuahua sin contar con la acreditación obligatoria ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), violando los marcos legales del país.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes extranjeros ubicaron un laboratorio de drogas sintéticas, pero se retiraron del lugar sin proceder a su desmantelamiento. Durante estos hechos, dos agentes perdieron la vida en circunstancias que aún son investigadas por la fiscalía mexicana. Ante la irregularidad, el Gobierno de México exigió la salida de los otros dos agentes sobrevivientes, condicionando su regreso a una acreditación formal que las autoridades de Estados Unidosrechazaron, optando por retirar de forma definitiva a su personal.
Solicitudes de extradición contra funcionarios en activo
Posterior al incidente en territorio chihuahuense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó la confrontación al emitir solicitudes de detención con fines de extradición en contra de 10 ciudadanos mexicanos. Entre los señalados se encuentran un gobernador en funciones, un senador y un presidente municipal, todos ellos servidores públicos electos y en activo, de los cuales dos se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum denunció que la oficina estadounidense no ha presentado las pruebas que sustenten dichas acusaciones y calificó la acción como un hecho inédito que vulnera la soberanía del país.
Defensa de la soberanía y postura de la FGR
La mandataria federal comparó la resistencia de su administración frente a las presiones de Washington con la postura histórica de Benito Juárez ante el imperio de Maximiliano, definiendo la situación como una defensa de la segunda independencia nacional. Argumentó que permitir la remoción de autoridades locales mediante presiones externas anularía la voluntad del voto popular.
Finalmente, precisó que la FGR conducirá sus propias investigaciones y actuará únicamente de existir pruebas sólidas y concluyentes, reiterando que cualquier resolución sobre funcionarios públicos en activo le compete de forma exclusiva a las instituciones judiciales mexicanas.