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Denuncian presunto desvío de 10 millones de pesos en Huimilpan y red de conflicto de interés en Querétaro

El diputado del PAN, Antonio Zapata, denunció un daño por 10 mdp al erario en Huimilpan durante la gestión de Juan Guzmán y acusó red de conflicto de interés.

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Las cuentas públicas del municipio de Huimilpan se encuentran bajo la lupa legislativa tras detectarse un presunto daño patrimonial que supera los 10 millones de pesos. El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Antonio Zapata Guerrero, reveló que la gestión del exalcalde Juan Guzmán Cabrera acumula un total de 46 observaciones financieras formuladas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), una cifra inusualmente alta para una demarcación con un presupuesto compacto.

El legislador panista expresó su preocupación ante la falta de un análisis riguroso de estas anomalías por parte de las comisiones del Congreso de Querétaro, señalando que la revisión de este expediente fue aplazada de manera injustificada frente al escrutinio aplicado a otros municipios de la entidad.

Acusaciones de conflicto de interés frenan comisiones en el Congreso

El escándalo financiero en Huimilpan detonó una parálisis en la Comisión Especial encargada de revisar los informes de las cuentas públicas. Zapata Guerrero informó que interpuso un recurso formal ante la Mesa Directiva del Poder Legislativo para frenar las sesiones de trabajo hasta que se resuelva un presunto conflicto de interés que involucra directamente a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou.

Según las declaraciones de Zapata, una colaboradora cercana a la oficina de la legisladora petista forma parte de una red de empresas que presuntamente ha facturado millones de pesos a diversas administraciones municipales. Los señalamientos apuntan a que estas compañías mantienen una relación societaria activa con la propia diputada Díaz Gayou.

El diputado del PAN instó a las autoridades internas y a los medios de comunicación a revisar los registros comerciales de estas firmas, asegurando que existen contratos comerciales sospechosos dentro de los ejercicios fiscales recientes, incluyendo facturaciones que ascienden a más de 3.5 millones de pesos bajo conceptos injustificados. Por su parte, el estatus jurídico y operativo de la comisión especial permanecerá suspendido hasta que la Mesa Directiva determine si procede la remoción o excusa de los integrantes señalados en el recurso.

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