El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, compareció este lunes ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Durante esta breve sesión inicial, la jueza Katherine Polk advirtió que en el expediente contra el exfuncionario «podría haber pruebas abundantes» de sus presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.
Mérida Sánchez, quien es el primero de los diez funcionarios mexicanos acusados que se entrega voluntariamente a la justicia estadounidense, se presentó a la sala vestido con el uniforme penitenciario color kaki y encadenado de pies, manos y cintura, de acuerdo con reportes del periodista Claudio Ochoa.
Plazo para revisión de evidencias y próxima audiencia
Ante la magnitud del material probatorio que posee la Fiscalía de Estados Unidos, la jueza Katherine Polk determinó establecer un periodo de 60 días para que tanto la defensa, encabezada por la abogada Sarah Krissoff, como la parte acusadora analicen el expediente.
Los siguientes pasos procesales se detallan a continuación:
- Siguiente cita judicial: Se fijó el próximo 4 de agosto a las 14:30 horas (tiempo local) para llevar a cabo la segunda audiencia del exmilitar mexicano.
- Contraste político: La postura de la juzgadora sobre la abundancia de indicios contrasta de forma directa con las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado públicamente que no existen elementos sólidos que sustenten las acusaciones de la fiscalía neoyorquina contra el entorno político sinaloense.
Perfil del acusado y las imputaciones en su contra
Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una trayectoria en las fuerzas armadas de México como comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán y director de la Escuela Militar de Inteligencia (EMI). En el ámbito civil, asumió la seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
El pliego de cargos del gobierno estadounidense detalla el siguiente esquema de operaciones ilícitas:
- Sobornos mensuales: La Fiscalía de Estados Unidos identifica que el exsecretario recibía pagos de 100 mil dólares mensuales en efectivo por parte del grupo delictivo a cambio de no interferir en sus rutas y actividades de narcotráfico.
- Filtración de operativos: Se le acusa formalmente de proveer información clasificada sobre redadas programadas en laboratorios clandestinos, permitiendo a los operadores de la organización mover los cargamentos de droga antes de la llegada de las corporaciones federales.
De ser encontrado culpable en el juicio, el general en retiro enfrenta una penalidad que va desde una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua.