La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció de manera formal su facultad de atracción para coordinar las investigaciones en torno a la privación ilegal de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, fundadora del medio digital Pulso Informativo del Sur. El anuncio fue ratificado este viernes 12 de junio por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, quien confirmó el traslado físico de la carpeta de investigación hacia las oficinas centrales de la Federación en la Ciudad de México.
Traspaso institucional y líneas de investigación activas
El expediente judicial fue radicado formalmente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), luego de que la instancia veracruzana recibiera el mandamiento de notificación federal el pasado miércoles 10 de junio. La fiscal estatal puntualizó que este movimiento competencial no implica la suspensión de las diligencias locales de campo, por lo que las células de la Policía Ministerial mantendrán operativos de apoyo en la región sur de la entidad.
Jiménez precisó que el Ministerio Público sostiene dos líneas de investigación activas basadas en el entorno social, laboral y familiar de la comunicadora, omitiendo dar validez a las versiones que circulan en plataformas digitales sobre su presunta localización:
“Tenemos que ver el contexto social, familiar que la rodea. Tenemos que atender a todos estos aspectos y empezar a aterrizar todos estos datos y especificar determinadas líneas de investigación”.
Irregularidades operativas y liberación de sospechosos
El secuestro de la comunicadora se registró el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital, cuando un comando de civiles encapuchados irrumpió con violencia en su propiedad particular, sometiendo y hospitalizando a golpes al padre de la víctima para consumar el rapto. El suceso detonó el despliegue de una célula de búsqueda integrada por la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
De forma paralela al esquema de búsqueda, se registraron incidencias procesales dentro del aparato de justicia local:
- Detenciones opacas: El pasado 6 de junio se ejecutó un operativo nocturno en el fraccionamiento Residencial Sección XI de Nanchital, saldándose con la captura de seis personas presuntamente vinculadas a la célula delictiva. Dichos arrestos fueron omitidos en los boletines oficiales de la FGE.
- Falta de sustento penal: Durante la audiencia de control celebrada el 8 de junio en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, un juez de control ordenó la liberación inmediata de tres de los imputados, debido a que la fiscalía local no pudo aportar datos de prueba suficientes para sostener los cargos por delitos de narcomenudeo y ataques a las instituciones.
- Procesamiento bajo reserva: Un empleado de la paraestatal Pemex, identificado como César Alejandro «N», fue el único sujeto ratificado bajo la medida de prisión preventiva, aunque sus nexos directos con el secuestro de la periodista no han sido acreditados plenamente. Familiares de los implicados acusaron que los allanamientos policiales se efectuaron sin órdenes de aprehensión vigentes.
Pronunciamiento de Artículo 19 ante la opacidad gubernamental
La organización internacional de derechos humanos Artículo 19, enfocada en la defensa de la libertad de prensa, emitió un extrañamiento dirigido a los tres niveles de gobierno para exigir que la transición del caso a la FGR no ralentice las brigadas de localización con vida de Guzmán Ramírez.
El organismo civil externó su preocupación ante las denuncias de la madre de la periodista, quien manifestó un cese en los canales de comunicación directa por parte de las autoridades ministeriales, enterándose de las detenciones y subsecuentes liberaciones de sospechosos de forma exclusiva a través de filtraciones en la prensa escrita. Asimismo, Artículo 19 condenó las narrativas mediáticas de revictimización que buscan vincular la trayectoria editorial de la comunicadora con actividades de carácter delictivo para desviar la atención de la responsabilidad estatal.