El general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se presentó este lunes 1 de junio de 2026 en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para celebrar su audiencia inicial ante la jueza Katherine Polk Failla. El procedimiento formal ocurre tras su entrega voluntaria a las autoridades estadounidenses el pasado 11 de mayo en la frontera de Arizona, convirtiéndose en el primer funcionario procesado de una lista de diez servidores públicos sinaloenses bajo investigación.
Mérida Sánchez compareció bajo estrictas medidas de seguridad, con restricciones físicas en pies y manos, y optó por mantener reserva en sus declaraciones ante el tribunal. Durante el desarrollo de la sesión, trascendió la advertencia judicial respecto a que este caso representa solo el inicio de una serie de imputaciones formales que involucran a la denominada «trama Rocha Moya», la cual mantiene bajo escrutinio al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Cargos imputados y esquema de operaciones
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sostiene que el exmilitar utilizó su posición jerárquica en las fuerzas de seguridad pública para operar en favor de la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. El pliego acusatorio incluye los siguientes cargos criminales:
- Conspiración para la importación y distribución internacional de narcóticos.
- Posesión, uso y conspiración para el manejo de ametralladoras de alto calibre y dispositivos destructivos.
De acuerdo con las indagatorias de las agencias federales, entre los años 2023 y 2024 el exfuncionario recibió pagos mensuales en efectivo superiores a los 100 mil dólares (aproximadamente 2 millones de pesos). A cambio de estos recursos, Mérida Sánchez habría filtrado información anticipada sobre al menos diez operativos tácticos federales en narcolaboratorios, permitiendo la evacuación de sustancias ilícitas, precursores y personal operativo antes del arribo de las fuerzas del orden. Asimismo, se le acusa de dirigir detenciones selectivas para debilitar a las organizaciones criminales rivales de sus protectores.
Reclusión y escenarios legales
Tras su procesamiento inicial, donde se reportó que la defensa legal será asumida por la abogada y exfiscal federal Sarah Krissoff, el imputado fue reingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. En dicho complejo penitenciario comparte reclusión con otros perfiles de alto orden criminal como Ismael «El Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
El marco jurídico aplicable para los delitos imputados contempla una penalidad mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Ante este panorama, especialistas y reportes del tribunal indican que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la defensa han acordado pausar temporalmente los términos de la Ley de Juicio Rápido para abrir una ventana de negociación, abriendo la posibilidad de que el general retirado busque un acuerdo de cooperación como testigo protegido a cambio de una reducción sustancial de su condena o la asignación de una nueva identidad.